César Antón compareció el 17 de abril en el Senado para hacer balance de la Ley de Dependencia. "Cuando la información son personas hay que ir con mucha sensibilidad, respeto y transparencia", decía haciendo referencia a su comparecencia.
Según el director general del Imserso "el análisis de resultados hacía falta para ver las carencias". "Se ha visto que había bastantes diferencias en las prestaciones y servicios en función del territorio", explicaba Antón. Y añadía: "Eso no se va a corregir de la noche a la mañana pero vino a demostrarnos que con el mismo grado de dependencia no se atendía a las personas igual", reconocía.
Se ha puesto de manifiesto también, según Antón, que había que intentar mantener los principios básicos de la Ley, que se atendiera preferentemente por el catálogo de servicios sociales, y para ello pusieron medidas para que se primase el servicio frente a las prestaciones económicas. "Obviamente al familiar que atiende a un dependiente en su casa yo siempre le alabaré pero también hay que darle medidas e instrumentos y facilidades para que le atienda con unas condiciones dignas y de calidad", decía.
Según el director del Imserso se estimaban que en España había 205.000 grandes dependientes, pero se ha visto que en realidad hay alrededor de 400.000. "Esa desviación merece una buena reflexión", explicaba. "Hay que reflexionar por qué España tiene un 35% de personas con gran dependencia frente a Alemania o Austria que tiene el 15% cuando los indicadores de salud son iguales", decía. En el año 2012 se han incorporado a las ayudas 132.000 personas, dando prioridad a las más dependientes. "Hay que volcarse primero en atender a los que estaban pendientes de recibir prestación y tienen mayor situación de dependencia", decía César Antón.
"Hemos cumplido el principio básico de la ley, primero atender a los que mayor dependencia tienen", decía el director del Imserso, y añadía: "Eso ha llevado a que el Presupuesto General del Estado ha tenido que aumentar 122 millones de euros porque era nuestra obligación y porque el sistema está funcionando". César Antón sostiene que han intentado hacer un sistema sostenible y a la vez llevar a cabo las medidas de ahorro que pedían las comunidades autónomas.
Las personas beneficiarias de esa prestación, además, tienen también una obligación, la de aportar una parte a la financiación de esa atención. "Ante la misma situación económica la aportación debe ser la misma", dice. Pero ha explicado que en los casos en que las capacidades económicas están por debajo de los 450 euros no tienen que aportar nada.