La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) piden penas de entre ocho y diez años de cárcel para el inspector de Policía José María Ballesteros y el exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies, imputados por el chivatazo a la red de extorsión de ETA que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 en Irún.
Dichas asociaciones –que ejercen de acusaciones populares en la causa- han presentado sendos escritos de calificación en la Audiencia Nacional de cara al próximo juicio oral donde ambos agentes se sentarán en el banquillo de los acusados. DyJ y la AVT acusan a los policías de un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos.
En el escrito, la asociación que preside Daniel Portero solicita penas de nueve y diez años de cárcel para Pamies y Ballesteros respectivamente con penas de inhabilitación para cargo público de hasta 18 años. Por su parte, la AVT solicita la imposición de 8 años y medio de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y 8 años de prisión para el entonces inspector José María Ballesteros así como 5 y 4 años de inhabilitación, respectivamente.
Llama la atención que ninguna de las acusaciones solicita a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que durante el juicio declare como testigo el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, mano derecha del entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que llegó a estar imputado en esta causa.
No obstante, ambas asociaciones proponen al tribunal que presidirá el magistrado Alfonso Guevara, la práctica de numerosas pruebas durante la vista oral. En concreto, Dignidad y Justicia solicita la comparecencia de 106 testigos durante la vista oral, así como el visionado del vídeo grabado por el equipo investigador donde se aprecia a Ballesteros entrando el 4 de mayo en el bar Faisán.
Por otro lado, esta asociación quiere que en el juicio se escuche el audio de la baliza que se instaló en el coche de Joseba Elosúa –dueño del establecimiento- y desde donde éste narra que ha recibido un soplo advirtiéndole de que se iba a producir una operación policial contra el aparato de financiación de ETA.
Por su parte, la AVT solicita la comparecencia de otros 106 testigos, entre ellos al dueño del bar "Faisán" y otros miembros de su familia, como su hijo, su esposa Avelina Llanos y su cuñado José Carmelo Lunquín. También pide la citación de una agente de la División Nacional Antiterrorista francesa y del periodista de La Razón José María Zuloaga.