Desde 1982 el PSOE gobierna Andalucía y lo ha hecho con el Partido Andalucista y, ahora, con Izquierda Unida. Desde 1979, lo hace asimismo, con IU y hasta 2011, en la mayoría de las diputaciones y ayuntamientos andaluces. Desde 1980, ha gobernado la nación durante 22 años. Y la tasa de paro está en el 37 por ciento con millón y medio de desempleados. Desde el año 2000 la Junta anuncia planes contra la pobreza. Ayer, anunció otro.
Todo ese tiempo y todos esos gobiernos no han impedido que, según sus datos, haya 47.000 desempleados en riesgo de exclusión social, que sean necesarios comedores sociales para miles de personas, que 17.000 hogares y 33.000 menores o si se quiere, 22.552 familias y 45.259 niños necesiten ayudas familiares o que sea preciso un salario mínimo de solidaridad por importe de 397 euros más 51 euros por cada miembro de la familia.
Con otras cifras, que aporta El País, "hay medio millón de hogares en Andalucía en el que todos sus miembros están en paro; el desempleo afecta a 1.473.000 andaluces (36,8%); existen 33.868 personas mayores de 65 años (2,6%) en riesgo de pobreza severa; y 72.000 niños (5,6%) en esa misma situación".
Opacidad en los números
La Junta dice que quiere poner en circulación 120 millones de euros, pero no aclara si se sumarán a los 76 millones ya consignados en los presupuestos de la Junta para 2013 o si se restan de ellos, con lo cual, según El Mundo, el contenido presupuestario del Decreto se reduciría a 44 millones. Ni siquiera ha aclarado de qué partida presupuestaria saldrán esos 44 millones más.
Pero en todo caso la limitación de los efectos de estas medidas son evidentes. Por ejemplo, la contratación por los ayuntamientos de desempleados con riesgo de exclusión social por un periodo de entre 15 días y tres meses. En una región con 1.473.700 parados, el programa aprobado ayer permitirá emplear temporalmente a unas 47.000 personas, apenas el 3 por ciento.
Sin haber hecho aún una reflexión sobre el papel de los gobiernos de la izquierda en el mantenimiento de este sufrimiento social en Andalucía desde hace 30 años, la Junta pedía ayer a Mariano Rajoy una estrategia nacional contra la exclusión social. Recuérdese que la vez que menos paro hubo en Andalucía y su diferencial con España se redujo a un mero 3 por ciento, se dio con un gobierno de José María Aznar, que redujo casi a la mitad el paro dejado por Felipe González (una tasa del 33 por ciento en Andalucía en 1996).
Anatomía de un Decreto
Un plan extraordinario de acción social, dotado con 60 millones, un plan de solidaridad y garantía alimentaria activado por 16 millones, y un programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad con 44 millones de euros son el esqueleto del Decreto que pretende paliar la exclusión social. En su conjunto, presenta una imagen terrible de una región española que sigue estando en la cola de casi todos los indicadores de bienestar reconocidos estadísticamente como relevantes.
En el caso de las comidas gratuitas, ABC refleja que la Junta quiere que una red solidaria alimentaria agrupe a las entidades, organismos y colectivos interesados en proporcionar comida a las familias que lo necesiten y ofrecerá más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin recursos, incluidos los servicios de comedor en las escuelas de verano en las zonas más deprimidas.
En el caso de los mayores, el denominado programa bonificado del servicio de comedor de los centros de participación activa, que cuentan con menús a bajo precio, se amplía a 12 nuevos centros.
Las ayudas son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social.
Y entre otras actuaciones, el decreto se completa con una serie de modificaciones normativas para agilizar los trámites relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad, peticiones que se han duplicado desde el comienzo de la crisis. El importe mensual es de 397 euros por solicitante, más 51 euros por cada miembro de la familia.
La medida más llamativa: tres comidas al día
Es la que destaca El País. Trata de garantizar que los escolares sin recursos reciban tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda). En la actualidad menos de la mitad de los 200.000 menores que comen a diario en centros escolares de Andalucía lo hacen de manera gratuita. Se trata de 72.000 niños que reciben esta ayuda en función de la renta de sus padres y de ellos, 46.800 podrán beneficiarse también del desayuno y la merienda, según las estimaciones de Salud y Bienestar Social.
¿Cómo se van a dar esos menús? En el caso de los niños cuyos centros carecen de comedores, se articulará a través de ONG y entidades sin ánimo de lucro, con los que ya hay una estrecha colaboración. Serán los servicios sociales comunitarios los que deberán emitir informes para comprobar qué niños tienen derecho a estas tres comidas. Y en los centros donde sí hay este servicio, las dos comidas adicionales se darán el día anterior con el almuerzo.
Durante las vacaciones escolares esta ayuda no se interrumpirá y se facilitará al menos una comida en campamentos de verano localizados en zonas de actuación social preferente, localizadas en las zonas urbanas. Alrededor de 5.500 menores se podrán acoger a esta medida.
En los dos últimos años la Junta ha recortado en 66 millones el programa de Bienestar Social, que es el que concede, a través de las actividades de interés social, las ayudas a los bancos de alimentos de Andalucía. En 2011 y 2012 se dejaron de ejecutar el 21,5 por ciento y el 20,6 por ciento respectivamente, y en el presupuesto de 2013, se ha producido un recorte de 20,5 millones de euros, que es precisamente la cifra que ha manejado la Junta en la presentación de su programa de solidaridad alimentaria.
Por otro lado, la propia consejera de Educación de la Junta reconoce que el gobierno andaluz no paga adecuadamente a los proveedores de comida de los colegios. Concretamente dijo a EP el pasado día 29 en Málaga que admite que existen "dificultades de liquidez" en el pago a los comedores escolares. No obstante, ha destacado que en la comunidad autónoma se mantiene éste y otros servicios, frente a regiones donde "no existe el problema porque han decidido cerrar los comedores". Y añadió que en Andalucía las empresas "saben que podemos pagar una semana antes o un mes después, pero respondemos".
El PP-A: "Es otra campaña de marketing"
La vicesecretaria de Economía y Empleo del Partido Popular Andaluz, Carolina España, dijo que el decreto de exclusión social que aprobó ayer el bipartito andaluz es "fruto" de la "insoportable tasa de paro" que sufre Andalucía, más de 37 por ciento, algo que a su juicio, es consecuencia de "años sin ejecutar las políticas de empleo" y de incumplir el objetivo de déficit, lo que supone, recordó, el pago de 10 millones de euros diarios en intereses que podrían dedicarse a generar puestos de trabajo.
"Si los fondos para los desempleados no se hubiesen perdido por el camino corrupto de los ERE no habría tanto paro, ni habría que aprobar el decreto de exclusión; si pagaran a las empresas los servicios que prestan, éstas no habrían tenido que despedir o cerrar y ahora no estarían esperando el decreto; y si hubieran cumplido con el objetivo de déficit, los mercados tendrían más confianza y no tendríamos que pagar 10 millones de euros a los bancos en concepto de intereses", apuntó.
Carolina España denunció que los escasos recursos para el empleo que tiene la Junta se "lleven a la estructura paralela de la Junta, donde hay menos controles y la transparencia brilla por su ausencia". Criticó que el gobierno andaluz haya aprobado en los últimos años unos planes de empleo "que no son rigurosos ni serios y sólo sirven para la foto", entre los que citó el Plan Motiva para jóvenes o el Plan de Empleo para mayores de 45 años.
La vicesecretaria del PP andaluz lamentó que el decreto sea "otra campaña de marketing", o un nuevo "plan fantasma" en el que "Griñán invita y los ayuntamientos pagan con sus recursos propios". Así, apuntó que los 60 millones con los que la Junta dotaría a este decreto se han recortado previamente a los ayuntamientos del presupuesto que tenían para libre disposición". Además, recordó que la propia Junta ha reconocido que le "falta liquidez" para pagar los comedores escolares de los centros públicos andaluces, con lo que este decreto, a su juicio, nace con "poca credibilidad, ya que no pagan ni lo presupuestado".
Carolina España lamentó que en Andalucía "estamos en la UVI, en situación de emergencia tras 30 años de gobiernos socialistas". Por último, ha recordado que la Junta lleva anunciando planes contra la exclusión y la pobreza desde el año 2000, y ha rechazado en varias ocasiones las propuestas en este sentido presentadas por el PP en el Parlamento.