La juez Mercedes Alaya ha decidido abrir una nueva línea de investigación para esclarecer el pago de comisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía al entorno de los sindicatos UGT y CCOO, de acuerdo con los documentados incautados por la Guardia Civil a raíz de la denominada operación Heracles, realizada el pasado 20 de marzo. Como recordarán, la juez ha decidido prorrogar el secreto parcial del sumario decretado en el pasado mes de noviembre para avanzar sin trabas en la investigación.
Según La Razón, la nueva línea de investigación se ha decidido tras la convicción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trasladó a la juez que se han pagado al menos 4.291.384,10 euros a los "entornos" de las centrales sindicales mencionadas.
Los hechos se investigarán en una nueva línea separada del sumario ya gigante de los ERE y quedarían al margen de lo que pudiera ocurrir con la causa principal en el caso de que la instructora decidiera finalmente imputar al diputado del PSOE y ex secretario general de los socialistas sevillanos José Antonio Viera, en cuyo caso tendría que elevar las actuaciones al Tribunal Supremo.
En su auto de 30 de abril, Mercedes Alaya dice que está a la espera de recibir datos relativos a los soportes documentales de varias transacciones que "revelarían el origen de los fondos objeto de las mismas y que están resultando muy relevantes para la investigación, amén de la ingente documentación intervenida en los registros efectuados, cuyo análisis detenido podría abrir nuevas líneas de investigación".
Hay que recordar que el ex directivo de la mediadora Vitalia Antonio José Albarracín, en prisión provisional, confesó a la juez Alaya que cada sindicato de los mencionados podrían cobrar una comisión de un 0,5% de la prima por cada expediente en el que intervenían, y si había dos sindicatos se les abonaba el 1% para los dos.
Es conocido ya que estos pagos se canalizaban a través de las empresas Temiqui, en el caso de UGT, y FQT, en CCOO, a pesar de que estas organizaciones sindicales "no prestaban servicio alguno" a Vitalia que justificara el abono de estas cantidades. "Si no se abonaba, se iban a la Junta y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban", apuntilló Albarracín en su declaración.
Alaya ya estableció en la instrucción que los pagos a UGT y CCOO se producían una vez que Antonio Albarracín, que fue director general de Vitalia entre 1995 y 2011, recibía de la aseguradora la "sobrecomisión pactada con la Junta", momento en que el directivo abonó esos 4,2 millones de euros, cifra que la juez determinó a través de los datos bancarios y fiscales analizados por la Guardia Civil.
Según la juez, la "importante operación policial aún no ha concluido". Queda, cuando menos, el análisis de la documentación recuperada en acciones policiales que tiene que ver con las declaraciones pendientes del responsable del bufete Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal Bonmati, y del administrador único de la mediadora Uniter, José González Mata.