Los policías que destaparon el caso Interligare y que fueron destituidos tras pedir la detención de los comisarios implicados volverán a coger las riendas de la investigación, según informa El Mundo. Así lo ha ordenado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha obligado a la Dirección General de la Policía a devolver las pesquisas al exresponsable del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, Jaime Barrado, y a dos de sus subordinados.
Este escándalo gravita en torno a la consultora de Inteligencia y Seguridad Interligare, bajo control de antiguos pesos pesados del Cuerpo como el excomisario de Información Gabriel Fuentes y el exjefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño. La sociedad, presidida por el empresario José Martín Juárez, recibió al menos 2,4 millones de euros públicos en contratos irregulares del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero.
Barrado fue apartado de la investigación tras interponer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez una denuncia contra todos los responsables de la firma por delitos de estafa, falsedad documental, tráfico de influencias, deslealtad profesional y cohecho. En la misma denuncia incluía al director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior nombrado por Rubalcaba, Luis Luengo, como artífice de las principales adjudicaciones irregulares.
Espiando al PP
La denuncia señalaba indicios de que el dinero público recibido a cambio de contratos fantasma de Inteligencia se había empleado para espiar telefónicamente al PP desde un despacho ubicado a escasos metros de la sede del partido en la calle Génova. Asimismo, solicitaba la detención de los principales implicados y la intervención de sus teléfonos.
La Audiencia ha adoptado esta decisión destacando que, desde que Barrado y sus hombres fueron apartados, "no se ha producido ningún avance en la investigación" e insta al Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional a que investigue los motivos reales de aquel traslado, decidido por la Dirección General de la Policía.