La imputación de José Antonio Viera, primer Consejero de Trabajo que utilizó el denominado "fondo de reptiles" y según se va coligiendo, si no autor intelectual sí cooperador necesario en su puesta en marcha, se ha convertido en la pieza clave de la batalla que, soterradamente, libra el PSOE andaluz contra la juez Mercedes Alaya, a la que quiere apartar del caso. Tras haberlo intentado mediante descalificaciones, críticas a su labor, obstrucción a sus autos e incluso, aprovechando su enfermedad para promover su sustitución, ahora se quiere que la juez impute a Viera porque, al ser este diputado en el Congreso, el caso debería cambiar de jurisdicción por aforamiento. Ahora es Izquierda Unida la que, siguiendo la misma hoja de ruta que el PSOE andaluz, pide la imputación de Viera.
José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento andaluz, ha declarado que Izquierda Unida está totalmente convencida de que Viera, diputado socialista en el Congreso y ex consejero de Empleo, "no sólo amparó, sino que ideó todo el proceso opaco que permitió el escándalo" del caso de los ERE fraudulentos.
Otra vez usando Canal Sur como altavoz del mismo mensaje, Castro señaló directamente a Viera y al también ex consejero de Empleo Antonio Fernández, "el más alto responsable político" del caso de los ERE. Además, dijo no comprender por qué no ha sido imputado hasta el momento por la Justicia, como sí lo ha sido Fernández, quien estuvo unos meses en prisión.
Más explícitamente aún, Castro ha subrayado que el PP es quien está muy a gusto con la agenda de la juez Alaya y añadió que lo que él estaba protagonizando en ese momento de ninguna manera podía entenderse como llamada al orden o ingerencia en el trabajo de la juez y de la Justicia.
Si algún miembro del Consejo de Gobierno de la Junta dirigida por el bipartito de izquierda resultase imputado, Castro afirmó que tal miembro debería salir del gobierno de forma inmediata. Luego, Izquierda Unida decidiría nuevas acciones sin precisar si se refería a la ruptura del pacto de gobierno.
Recuérdese que izquierda Unida en Andalucía colaboró en el paripé de la Comisión de Investigación y apartó a José Antonio Griñán y a Manuel Chaves, principalmente, de la responsabilidad política del caso de los ERE a pesar de los gravísimos indicios que señalaban cuando menos a Griñán como responsable, cuando menos, de incumplimiento del deber de vigilar que corresponde a todo titular de la Hacienda andaluza. Tampoco tuvo en cuenta Izquierda Unida las advertencias del Interventor general de la Junta.
Tampoco lo hará ahora porque Castro dejó claro que no ha pedido responsabilidades "concretas" a los miembros del Consejo de Gobierno, aunque en su propuesta de dictamen de la comisión de investigación habló de una "responsabilidad solidaria del Gobierno en su conjunto".
Alaya promete celeridad
Otra de las presiones que se ejercen sobre la juez Alaya procede desde dentro del aparato judicial andaluz, en concreto del Tribunal Supeerior de Justicia de Andalucía y de su presidente, Lorenzo del Rio, que visitó ayer en Sevilla a la juez Alaya para "inspeccionar" la correcta marcha de las actuaciones y acentuar la necesidad de terminar la instrucción.
De la reunión entre ambos jueces, a la que se incorporó una hora después el juez de apoyo Rogelio Reyes, del Río extrajo como conclusión que las causas que lleva la juez Alaya - los ERE, las dos de Mercasevilla y la gestión del Betis— son muy complejas y requieren «un enorme esfuerzo». Sobre la excesiva dilación de la instrucción, el presidente del TSJA explicó que ello se produce por su complejidad y por los nuevos datos que conducen a nuevas investigaciones.
En la macrocausa de los ERE que se encuentra bajo secreto sumarial, se suspendieron hay dos dos declaraciones que quedan pendientes, una relativa al despacho Villasís y otra del presidente Uniter, José González Mata, porque se aportó nueva documentación pero que, una vez analizada, se citarán.
Lorenzo del Río le preguntó a la juez si necesitaba más ayuda pero ella la rechazó. «No ha pedido nada en concreto», dijo el presidente del TSJA. Lo que sí rechazó claramente la juez Alaya es poner una fecha concreta de finalización de la instrucción. Sólo se comprometió a agilizarlas todo lo posibie para intentar cerrarlas a lo largo de 2013 y si fuera posible, concluir alguna de ellas en antes del verano o en octubre.