El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima norma educativa en 37 años de democracia, para su remisión "inmediata" al Congreso de los Diputados, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría
En comparecencia junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, Saénz de Santamaría ha afirmado que se trata de "la ley más importante de la Legislatura" y "una de las reformas fundamentales" del Ejecutivo, pues tiene "un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes".
Una de las principales novedades se refiere al capítulo lingüístico. Aunque según la Constitución, todos los españoles deberían tener derecho a recibir la educación en español, el Gobierno asume en esta ley su incapacidad de hacer cumplir la Constitución en algunas regiones como Cataluña. Así, costeará la educación en un colegio privado de aquellos alumnos que deseen educación en español y su comunidad autónoma no se la ofrezca en los centros públicos y, según ha explicado Wert, descontará después este dinero de la financiación autonómica.
El ministro Wert ha dicho que los casos de alumnos que quieran estudiar en español y no puedan hacerlo en regiones como Cataluña son "muy excepcionales". De hecho, ha valorado en cinco millones de euros el coste total que pueden suponer estos casos. Además, Wert ha dicho que es un "mecanismo temporal y subsidario" hasta que sean las autonomías las que garanticen la enseñanza en español.
"Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha destacado que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.
Asimismo, ha destacado que para su redacción "se han tenido en cuenta" las opiniones de las comunidades autónomas, los padres de alumnos, los docentes, los representantes sindicales, los profesionales de la educación, las asociaciones, plataformas y los ciudadanos en general con un buzón de sugerencias.