Según Alberto Ruiz Gallardón la ley que se encuentra ultimando y que permitirá a los fiscales "amordazar" a la prensa durante los procesos judiciales, está pensada para proteger "los derechos de los imputados". El proyecto de este Código Procesal Penal incorpora una serie de artículos que afectan directamente al ejercicio del periodismo, y en consecuencia, al derecho de los ciudadanos a recibir información. Casimiro García Abadillo destaca este miércoles en El Mundo algunos de estos puntos clave:
- Artículo 130 : "Las actuaciones –juicio oral, actos de prueba, vistas…- podrán celebrarse a puerta cerrada en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario...".
- Artículo 132: "El órgano de enjuiciamiento podrá requerir al encausado, testigos, o a los profesionales... para que se abstengan de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones o datos o informaciones de los hechos juzgado. Durante la investigación, el Fiscal podrá requerir al encausado, testigos, profesionales... que se abstengan de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones, datos o informaciones de los hechos investigados".
- "Si se difundiese públicamente por cualquier medio... el tribunal, de oficio o a instancias del Fiscal, podrá acordar el cese de la difusión", uno de los puntos más polémicos de la ley, que también incorpora responsabilidades penales para los que vulneren la prohibición.
Así, muchas de las actuaciones judiciales se realizarán a puerta cerrada, pudiendo llegar a subvertir el espíritu del artículo 20 de la Constitución que asegura que "las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento".
Por otro lado, el hecho de que sea el Ministerio Público el Fiscal e instructor de la causa, permitirá determinar la aplicación de la mordaza a los procedimientos que sean más sensibles para el Gobierno.