Un informe encargado por el Gobierno vasco cifra en 1.004 las personas muertas por "vulneraciones de derechos humanos" relacionadas con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían, dicen, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, 837 a la banda terrorista ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, han presentado este viernes en Vitoria el Informe de Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco, que recoge atentados cometidos por ETA y los GAL así como supuestos casos protagonizados por las Fuerzas de Seguridad entre 1960 y 2013.
Aunque indican que tratan de evitar siempre las "equiparaciones" entre unos y otros casos, el hecho es que incluyen a todos en el mismo saco.
El documento, que forma parte del llamado Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, ha sido elaborado por el propio Uriarte, el exdirector de Derechos Humanos del gabinete de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, la juez Manuela Carmena y el profesor de Derecho y exconcejal del PP Ramón Múgica.
El lehendakari ha afirmado que el trabajo se ha elaborado "desde la primacía de los principios éticos" y con el objetivo de "garantizar la justicia, la reparación y la verdad para todas las víctimas, sin equiparaciones ni discriminaciones".
La manipulación de los datos
El informe no detalla caso por caso, tan sólo aporta una clasificación de las supuestas causas de la muertes en cada categoría. En la más polémica y discutible, "muerto por fuerzas de seguridad", incluye 94 casos, pero cuando se desbrozan los datos se encuentra la trampa. Sólo tres de esos casos se produjeron "bajo custodia policial" y además siempre antes de 1975. Se incluyen también dos casos por pena de muerte, también anteriores a 1975.
Las demás categorías permiten todo tipo de interpretaciones y sirven como cajón de sastre para acusar a las fuerzas de seguridad de forma interesada de muertes que nada tienen que ver con un asesinato o una vulneración de los derechos humanos. Así, nos encontramos con 20 muertos "en controles policiales o similares", que, lógicamente, se produjeron en tiroteos o enfrentamientos entre terroristas y agentes. También se habla de 17 casos de "confusiones, errores, abusos u otros", cuyo propio enunciado es bastante esclarecedor. Por un lado mezcla supuestos abusos, que sí podría considerarse una vulneración de los derechos humanos, con "confusiones, errores u otros", que nada tiene que ver, y además no especifica cuántos de esos 17 se deben a una cosa o la otra.
Otros 16 casos se atribuyen a lo que llaman "altercados con policía fuera de servicio" sin dar más explicación, lo que puede incluir tiroteos o incluso acciones en defensa propia de los policías, que siempre han sido un objetivo prioritario de ETA. El apatados más numeroso, 30 casos, es el de muertos en "manifestaciones y movilizaciones". De nuevo, se presenta como un asesinato premeditado muertes que se han producido en altercados y enfrentamientos con la policía, sin aclarar cómo se produjeron los hechos. Además, la mayoría de estos casos, 22, son anteriores a 1978.
El informe cita como bibliografía a entidades internacionales como Amnistía Internacional, Comité contra la tortura; otros informes del Gobierno vasco, varios libros y asociaciones. Sin embargo, se excluyen cualquier información proporcionada por el Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio del Interior.
La bibliografía: Josu Ternera o Stop Torturas
El informe incluye en sus dos últimas páginas la bibliografía que los cuatro autores del mismo utilizaron para realizar el trabajo. La misma está dividida entre informes internacionales, informes nacionales, referencias a páginas webs institucionales, obras de autor, investigaciones asociativas y referencias periodistas.
Entre los informes internacionales hay múltiples realizados por Amnistía Internacional, entre ellos, algunos con nombre tan llamativos como España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación o España: sal en la herida. Impunidad policial dos años después. También se incluye el polémico informe realizado en 2004 por Theo Van Boven, por aquel entonces relator para la tortura de la ONU, quien se ciñó mayoritariamente en datos facilitados por Batasuna-ETA y su entorno para realizar el mismo.
En cuanto a los informes nacionales, destaca uno elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco en 2000 con el título Víctimas de la violencia, en un momento en que ese órgano estaba como representante de Euskal Herritarrok el destacado terrorista de ETA José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea Josu Ternera. Curiosamente, la comisión estaba presidida por el hoy lehendakari, Iñigo Urkullu.
El informe incluye asimismo los trabajos de investigación realizados por diversas asociaciones vinculadas al mundo de Batasuna-ETA, como pueden ser Stop Torturas-Tortuaren Aurkako Taldean, Behatokia o Jaiki Hadi. Ésta última es una asociación que ha saltado a los medios en las últimas semanas por denunciar a la forense de la Audiencia Nacional que hizo un informe en el que se decía que el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga no estaba en estado terminal.