Le impuso una fianza de 600.000 euros para eludir la cárcel y otra, de responsabilidad civil de 98.888.000 millones de euros. La decisión fue inspirada por la Fiscalía Anticorrupción, apoyada por la acusación particular que ejerce el Partido Popular. Incluso la Junta de Andalucía solicitó que el imputado comparezca periódicamente en el juzgado, se le retire el pasaporte y las medidas que la juez considerada adecuadas. A la Junta se unió el sindicato UGT. Dicho de otro modo, González Mata se quedó solo, a pesar de que los hechos indican la colaboración de la Junta en sus tejemanejes.
Termina así, por ahora, la aventura de este jerezano que en la Comisión de Investigación lo negó todo, afirmó que sólo había cobrado dinero legal, defendió que sus comisiones eran legales y alardeó de tener una empresa de cristal, transparente.
La juez imputaba y sigue imputando a González Mata de ocho delitos: prevaricación y malversación en grado de extraneus - que no tiene la calidad de funcionario o servidor público, pero tiene participación en delitos contra la administración pública -, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la Hacienda Pública.
La juez Alaya siempre ha considerado que las comisiones de las mediadoras no eran precisas, como ha demostrado posteriormente la Junta, que las anuló. Pero además señala que las comisiones sobrepasaron incluso los máximos habituales del mercado y por ello también imputa a Uniter. El Mundo destaca que Alaya cree que las empresas administradas por González Mata, Uniter e Ingotor, cobraron de forma indebidamente 21,61 millones de euros de fondos públicos al ser innecesaria su labor de mediación en la contratación de pólizas de prejubilaciones.
Según la juez, la Junta de Andalucía pagó 51,5 millones de euros -cerca de 9.000 millones de las viejas pesetas- a las mediadoras, Para dar una idea del volumen que manejaba, González Mata dijo haber pagado 2,7 millones de euros al despacho Estudios Jurídicos Villasís entre los años 2001 y 2007, y que comió varias veces con el exconsejero Antonio Fernández, que era con quien hablaba cuando había un impago.
El abogado de González Mata defendió su inocencia, dijo que no se ha fugado en dos años, recordó que ha colaborado con la Justicia, subrayó que tiene las cuentas corrientes bloqueadas y alegó, según ABC, la grave enfermedad que sufre la mujer del imputado (que en julio será sometida a una intervención quirúrgica) para pedir que su cliente no sea enviado a la cárcel. Pero no tuvo éxito y seguirá el camino de quienes allí siguen por el momento, como Juan Lanzas, los directivos de Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué y el testaferro Eduardo Leal.
Una de las informaciones más interesantes de González Mata es que cuando cesó Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Empleo, la Junta de Andalucía siguió con el procedimiento habitual de la etapa de Francisco Javier Guerrero, lo que avala las declaraciones de este. De hecho, lo aplicaron sus dos sucesores, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, ambos imputados en la causa.
El dueño de Uniter reconoció haber cobrado 25,6 millones de euros, cerca de 4.300 millones de pesetas, por su mediación en el ERE de Delphy, montaña de dinero acordada pro la Junta de Andalucía por vía del viceconsejero de Empleo de entonces, Agustin Barberá, imputado en la causa.
González Mata reconoció que tenía una buena relación con ex consejero Antonio Fernández, excarcelado con fianza, mejor que con ninguno de los consejeros anteriores. Pero él mismo negó cualquier tipo de relación íntima con el ex consejero, de Jerez como él, en la Comisión de Investigación.
También alumbró un nuevo nombre de la Junta de Andalucía, además del poco conocido Paquillo, ex secretario general de la Consejería de Empleo. Se trata de Luis Nieto, actual viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que sustituyó a Guerrero en la negociación de los ERE y "autorizó las pólizas" relacionadas con el parque auxiliar de Santana Motor -Linares Futuro- y con el parque auxiliar de Astilleros de Huelva.
Además, que la Junta en sus máximas instancias era la que tomaba las decisiones sobre pólizas y comisiones, fue desvelado por Mata cuando a preguntas de la defensa de Guerrero, dijo haber asistido a una reunión antes de las pasadas elecciones autonómicas de marzo de 2012. A esa reunión asistieron los consejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Avila y el exconsejero Manuel Recio y en ella se comprometieron con los extrabajadores de Santana a que la Junta de Andalucía se haría cargo de las pólizas de todos ellos. Pero la Junta lo ha negado.