¿6.500 o 37.700 millones? Las cifras de ahorro que implicará la reforma de las administraciones públicas pueden variar mucho según cómo se analice. Soraya Sáenz de Santamaría ha presentado este viernes, tras el Consejo de Ministros, el informe de la Comisión para la reforma de las Administración Públicas (CORA). Es uno de los proyectos más queridos por la vicepresidenta, que ha hablado de un cambio histórico tanto para la administración como en la relación entre el sector público y los ciudadanos.
El Gobierno calcula que el ahorro total que se deriva de las medidas de racionalización de las administraciones públicas alcanzará los 37.700 millones de euros entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. Eso sí, esto no quiere decir que sólo con lo presentado este viernes se alcance esta cifra. En realidad, este dato sale de la suma del CORA, el cambio que supondrá la nueva Ley de Régimen Local y las medidas aplicadas a los trabajadores públicos (como la reducción de empleados públicos ya realizada en 2012).
Además, para llegar a esos 37.700 millones habría que conseguir que todas las administraciones implicadas cumplieran a rajatabla con lo previsto por la ley. Es decir, si las comunidades autónomas y ayuntamientos cierran los organismos y recortan los gastos según las órdenes del Gobierno.
En realidad, lo incluido en el CORA, un enorme documento de más de 2.000 páginas cuya elaboración ha supuesto más de seis meses, sólo supondrá un recorte en el gasto de 6.500 millones hasta 2015. Eso sí, el Gobierno asegura que, además, los ciudadanos se ahorrarán (si se cumplen las previsiones del Ministerio de Hacienda), unos 16.300 millones extra. Pero esta última cuantía no es recorte de gasto público sino lo que el Gobierno denomina "coste de oportunidad", es decir, lo que estima que se ahorrarán ciudadanos y empresas de su bolsillo gracias a la mejora de la eficiencia de la Administración (eliminando trámites y burocracia). Eso significa, ha explicado Sáenz de Santamaría, que "por cada euro que sale de la administración", las empresas y los ciudadanos ahorrarán, "en costes de oportunidad, dos euros y pico".
"Lo importante"
En los círculos gubernamentales se mostraban satisfechos, aunque reconocen que "ahora viene lo importante". Esto es, toca "pelearse" con las comunidades para suprimir los organismos duplicados y empezar a aplicar lo que está sobre el papel. Terminan tres jornadas frenéticas en la Moncloa para presentar el informe de la CORA. Este sábado, la vicepresidenta despacha con cargos provinciales del PP para explicarles las medidas. También está teniendo contactos con las comunidades antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se fechará la próxima semana y se celebrará en julio.
Una "auditoría completa todo el sector público", en voz de Sáenz de Santamaría, que ha pilotado los trabajos. Siete meses se han necesitado para alumbrar "el tocho", 2.000 folios con más de 200 medidas concretas. Muchas tendrán que ser aplicadas por los gobiernos regionales: "Han demostrado una capacidad de cooperación y ajuste muy importante, y hay que recordarlo. Han hecho más de lo que se le pedían -en relación a la supresión de entes. Pueden hacer esto y hacer más, generar más ahorros", coincidieron tanto la vicepresidenta como Cristóbal Montoro. El Gobierno intenta enterrar la imagen de enfrentamiento y volver al trabajo conjunto en aras de la recuperación. En privado, reconocen que todo será más complejo. Pero no es el momento de "crispación", vendieron.
Otra de las ideas clave que quiso poner encima de la mesa el Ejecutivo es que no habrá despidos de empleados públicos. Sí habrá un ajuste en el número de "eventuales, asesores", dijo la portavoz, que no cuantificó el recorte. Personal de organismos eliminados serán desplazados a cubrir huecos. "Movilidad y formación", enfatizó Sáenz de Santamaría. Se creará un gran estatal a tal efecto.
Sobre las cifras aportadas, y sobre las que existen dudas hasta conocer el detalle, se declararon "prudentes" en su elaboración. Ahora se abre el proceso de diálogo, si bien el Gobierno vivió uno de sus momentos más dulces en lo político: sonrientes, relajados, Sáenz de Santamaría y Montoro no pararon de posar con el "tocho". El presidente cree, tras su despacho con Rubalcaba, que es más que factible que el PSOE se sume al acuerdo.
La Oficina de seguimiento
El Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de esa oficina estará Angelines Trigo, inspectora de Servicios de la Administración General del Estado y con rango de subsecretaria -lo que supone su asistencia a la Comisión de Subsecretarios-, ya que, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es "una de las personas que más ha trabajado" en la reforma. La Oficina elaborará cada tres meses un informe y cada año un análisis exhaustivo y global sobre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer.
Según dijo la vicepresidenta, la reforma pretende hacer la administración "más eficiente, cercana, fiable y transparente". En línea con la consigna de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría quiso dejar claro que "el sector público no es mayor que el de otros países de nuestro entorno, es menor que la media del conjunto de la OCDE". Tampoco el aparato burocrático es tan "enorme", dijo.
La vicepresidenta ha asegurado que se ha realizado un trabajo "gigantesco y titánico", sin parangón en la UE para analizar la administración, detectar ineficiencias y proponer alternativas. El objetivo es cambiar "la cultura de la Administración" para que esté enfocada al administrado. "La reforma pretende crear una nueva filosofía de la cooperación" entre las administraciones públicas y el ciudadano, señaló.
La reforma
Según el Gobierno, los objetivos de esta reforma pueden dividirse en cuatro grandes apartados:
- Reforzar la disciplina presupuestaria y la transparencia públicas
- Racionalizar el sector público, lo que incluirá la fusión o supresión de organismos públicos
- Mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración
- Cambiar la cultura administrativa por una cultura enfocada al administrado.
En cuanto a las medidas concretas, es fácil imaginarse que en más de 2.000 folios, las hay de todos los colores. Entre las más novedosas, destacan:
- Supresión de organismos estatales: el plan del Gobierno es acabar con 57 organismos, entes o fundaciones. Eso sí, muchos de ellos se fusionarán con otros, por lo que su estructura seguirá en pie y no habrá recorte de personal.
- Administración autonómica: en el informe también se analiza la estructura organizativa regional. Hay unos 90 entes que el Ministerio cree que son redundantes y podrían suprimirse.
- Centralización de las licitaciones, con el ahorro que eso implicaría.
- Venta de inmuebles: hay hasta 15.000 que podrían ser puestos en el mercado
- Internet y la administración: la idea del Gobierno es acabar con el papeleo y que todas las gestiones que se tengan que hacer ante la administración se hagan vía web.