Tal día como hoy, 28 de junio, pero de 2010, Libertad Digital contaba en su portada las declaraciones de "Los sindicalistas del metro: "Si Madrid revienta, que reviente"". Así de contundente se expresó en los micrófonos de esRadio el portavoz del comité de huelga que por entonces sufrió el metro de Madrid. Lo que dijo Vicente Rodríguez fue exactamente que los trabajadores estaban dispuestos "a llegar a las últimas consecuencias, y si ellos suponen que Madrid revienta, que reviente".
Además, señaló como culpable de todo lo que pudiera ocurrir por las tres jornadas de huelga a Esperanza Aguirre: "La presidenta ha decidido que ella en Metro hace y deshace. Pues vamos a ver si lo consigue". Desafiaron al Gobierno regional aduciendo que, ocurriera lo que ocurriera: "Va a ser con los trabajadores de Metro en la calle".
Metro de Madrid decidió demandar a los convocantes de la huelga y pidió que fuera declarada "ilegal", así como una indemnización de 6,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Dos meses más tarde, se supo que Metro de Madrid y los cinco sindicatos convocantes se verían las caras en los juzgados al no haber alcanzado un acuerdo en el acto de conciliación que se celebró en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Ésta no fue la única medida que tomó la Comunidad de Madrid. También abrió 900 expedientes y anunció duras sanciones. Días más tarde, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, confirmó que la dirección de Metro propuso la expulsión de tres cabecillas de la huelga salvaje así como la máxima sanción económica para otros siete.
El 24 de enero de 2011 el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid declaró ilegal la huelga salvaje de junio de 2010. La sentencia estimó la demanda en proceso de concepto colectivo interpuesta por Metro de Madrid contra los sindicatos CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Conductores, Sindicato Libre, Sindicato de Técnicos y Sindicato de Estaciones, el comité de huelga y el de empresa.
El magistrado tomó la decisión partiendo de las premisas de que el servicio que presta el metro es "esencial" para la Comunidad y se apoyó en que los servicios mínimos del 50 por ciento establecidos para esa huelga "se incumplieron de manera total". También recogió que los paros afectaron a 3,5 millones de viajeros y generaron unas pérdidas totales de unos 5 millones de euros.
Tras conocerse la sentencia, Esperanza Aguirre la calificó de "histórica" y destacó que suponía "un antes y un después", eso "quiere decir que nunca más en la Comunidad de Madrid habrá una huelga que no respete los servicios mínimos".