Aunque el renombre, para bien o para mal, se lo está llevando la juez Alaya, el trabajo de la Guardia civil y de su ya legendaria Unidad Central Operativa -UCO- en el caso de los ERE es excepcional. En el auto del "alayazo" del pasado martes se alude a sus informes. En uno de ellos se hace referencia a la declaración de la Interventora adjunta de la Junta de Andalucía, María Teresa Arrieta, que dice, sin duda alguna, que la Junta y la Consejería de Economía y Hacienda conocían los desmadres de la Consejería de Empleo y que las ayudas se daban sin procedimiento legal. Es más, afirmó que si José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009, hubiese querido, el mal uso del dinero se habría cortado.
Esta declaración afecta, al menos, a la ex consejera Magdalena Álvarez, al propio Griñán, a la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Martínez Aguayo, antes mano derecha de Griñán en Hacienda y veremos si incluso al actual consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila Cano.
Según El Mundo, la interventora de la Junta de Andalucía declaró ante la Guardia Civil que José Antonio Griñán pudo frenar el fraude de los ERE como consejero de Economía y Hacienda si hubiera elevado al Consejo de Gobierno las reiteradas recomendaciones que el interventor general emitió, tras detectar graves irregularidades en la tramitación de las ayudas, para que se hicieran cumplir. Y subraya que era "el único" que podía elevar al Consejo de Gobierno la recomendación de acabar con el fraude.
María Teresa Arrieta abunda en la tesis lanzada por el ex interventor general Manuel Gómez Martínez en su carta al Parlamento andaluz el pasado noviembre tras la comisión de investigación. En aquella misiva, Gómez Martínez aseguró que Griñán y la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, pudieron "haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad".
Luego remitió un correo electrónico a la Guardia Civil remarcando –como establece el Reglamento de Intervención de la Junta en su artículo 57.2– que el titular de la Consejería de Hacienda, si lo cree conveniente, puede someter al Consejo de Gobierno el informe definitivo para la adopción de las medidas necesarias.
Griñán siempre ha negado que le llegaran las advertencias del interventor, a pesar de que legalmente él es el destinatario de sus informes y de que en ellos se hacía constar que debían trasladarse al titular de Hacienda. Su entonces número dos y hoy consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, admitió públicamente que fue ella la que recibió las advertencias y que nunca se las trasladó a su superior. Ni Martínez Aguayo ha dimitido ni Griñán la ha destituido.
La interventora adjunta aseguró además que "no procedía" la realización de un informe de actuación por parte de la Intervención General para que la Consejería de Hacienda hubiera frenado el fraude de los ERE tras las reiteradas advertencias. Es conocido que PSOE e IU determinaron que Intervención fuese el chivo expiatorio, porque aunque advirtió no hizo el informe de actuación que habría obligado a Griñán a tomar medidas.
La testigo dijo incluso que el informe adicional realizado era "más efectivo" que un informe de actuación puesto que iba dirigido a los órganos interesados. La Intervención "no puede hacer más" para que se cumplieran las recomendaciones, dijo.
ABC subraya que su testimonio indica que nada más llegar al cargo de adjunta a la Intervención General de la Junta de Andalucía en el área de control financiero, cosa que ocurriío en mayo de 2005, tuvo conocimiento del uso irregular de las transferencias de financiación reglamentadas por Magdalena Álvarez aunque se usaban desde 1999. Pero estas prácticas siguieron hasta 2010.
La técnico de intervención añadía en su declaración que tras la realización de una auditoría que revisó expedientes de ayudas que se habían solicitado a la Consejería de Empleo. se había comprobado "que esta Consejería estaba dando subvenciones sin procedimiento alguno y con una serie de irregularidades importantes en cuanto a ausencia de norma reguladora". Además, tampoco había solicitud y las resoluciones eran imprecisas y carecían de procedimiento reglado.
'El País' señala a Martínez Aguayo
El País tiene claro que este testimonio "salpica" a la cúpula histórica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Y por si fuera poco, señala con el dedo a la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que, según dijo, conoció de primera mano el procedimiento irregular con el que el Gobierno autónomo financió los ERE durante una década.
Del papel de la Intervención sólo se sabía que había realizado 15 advertencias de irregularidad y falta de procedimiento, que hay una polémica acerca de si debía haber elaborado un informe de actuación tras el conocimiento de las irregularidades, cosa que el ex Interventor niega porque afirma que no era competente, y la afirmación de que Griñán y otros altos cargos "cebaron" el fondo de reptiles mediante modificaciones presupuestarias.
Además, la interventora adjunta Arrieta desvela que los hechos, desde el uso irregular de las transferencias de financiación , la falta de procedimiento, la ausencia de publicación, etc. fueron expuestos a la señora Martínez Aguayo por el entonces Interventor General, Manuel Gómez en varias reuniones. Aguayo había reconocido haber recibido las advertencias de Hacienda pero afirmó haberlas metido en un cajón porque no eran vinculantes, sino meros informes internos y porque no eran informes de actuación. De paso salvó a su jefe y amigo, José Antonio Griñán, al decir que no se los entregó a su jefe.
El testimonio de Arrieta sobre Martínez Aguayo es de los más contundentes contra los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía, según el diario de Prisa. Todo apunta a que la juez remitirá al Supremo esta parte de la causa cuando tome declaración a los 20 nuevos imputados y complete los indicios contra los aforados, entre ellos Martínez Aguayo -diputada autonómica-.
Desde 2003, la Intervención General, en una auditoría, puso de manifiesto cómo el fondo de reptiles organizado prescindía "de forma total y absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley".
Desde 2001, y tal vez antes, el gobierno socialista de la Junta de Andalucía decidieron subvencionar los ERE de empresas públicas o amigas por el mecanismo de la transferencia de financiación, un procedimiento sin control más expeditivo y rápido que los expedientes de subvención excepciona que sumía las ayudas en la opacidad, en la arbitrariedad y en la oportunidad política."Ahora sé que el uso de la transferencia de financiación fue para eludir la fiscalización previa", dijo. apoyando la tesis de la juez Alaya que cree que la elección del procedimiento no fue casual y permitió "un dispendio continuado de fondos públicos".
No sólo Arrieta, sino 13 funcionarios más declararon el verano pasado ante la Guardia Civil y todos ellos coincidieron en la opacidad de los pagos y se refirieron a las tensiones con el Ejecutivo por culpa de los impagos a empleados de la multinacional minera de Boliden tras el desastre ecológico de Aznalcóllar. "A los responsables administrativos de la Consejería -de Trabajo e Industria- les interesaba proteger la plantilla -entre 300 y 500 trabajadores-, que se intentaba mantener de manera artificial, es decir, mediante fondos públicos sostener a esos exmineros". A continuación, añadió: "Me resistí a esos pagos (...) y sufrí por ello presiones ambientales". El interventor alegó que no autorizó dichos pagos porque la empresa no mantuvo el grueso de la plantilla, una condición necesaria para lograr la subvención.