Tras haberse negado en dos ocasiones a hacerlo, el juzgado de Madrid dirigido por la instructora Belén Sánchez ha citado como imputadas el próximo 2 de octubre a las 10 de la mañana a las dos mujeres rumanas que dijeron haber reconocido a Jamal Zougam en uno de los trenes del 11M, y cuyo testimonio ha sido clave para condenar al marroquí a 40.000 años de cárcel como autor de los atentados, según ha podido confirmar Libertad Digital.
La sentencia que redactó el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez utiliza en tres ocasiones la expresión "sin fisuras" para significar la credibilidad que, más allá de toda duda razonable, le habían merecido al tribunal las identificaciones que hicieron en la vista oral C-65 y J-70, de las que también elogia su "firmeza y seguridad encomiables".
Ahora, nuevos documentos en poder de la juez Sánchez le han hecho apreciar que existen indicios de que ambas mujeres, de nacionalidad rumana, habrían podido cometer un delito de falso testimonio. Se trata de documentación que se ha recibido en el juzgado en los últimos meses y que confirmaría en buena medida la información publicada por El Mundo en diciembre de 2011.
Así, la Audiencia de Madrid ordenaron investigar si las dos testigos clave "pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista". Esa es, de hecho, la versión que el propio Zougam ha defendido en los juzgados.
Dos diferencias
La situación a la que se enfrentan las dos mujeres no será la misma que en el juicio, aunque por ahora todo indica que la instructora les permitirá acudir sin levantar su condición de testigos protegidos.
Hay dos diferencias sustanciales. La primera es que lo que se va a valorar no es si es posible que se hayan equivocado o no: se trata exclusivamente de confirmar o de excluir si han mentido, esto es, si han podido identificar a Zougam en el tren siendo conscientes de la falsedad de la afirmación. La segunda, muy importante, es que, al comparecer como imputadas, pueden negarse a contestar todas o algunas de las preguntas.
En el peor de los casos para ellas, afrontarían una pena de entre tres y cuatro años de cárcel.
La magistrada Sánchez también ha accedido a que declare como testigo el cónsul de Rumanía en España en el año 2004. El testigo prestará declaración por exhorto ya que en estos momentos reside en Sevilla después de que la juez estime que el cónsul "a deponer sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones".