La Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los ERE.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y ha aclarado que sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos.
La juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.