El terrorista de ETA Joseba Urrusolo Sistiaga, condenado en 2010 a 119 años de cárcel por la muerte en 1991 de tres policías, podrá salir de prisión durante tres días gracias a un permiso de salida concedido por la Audiencia Nacional.
Según indicaron fuentes de la Audiencia, la Sección Primera de lo Penal, presidida por Fernando Grande-Marlaska, ha decidido estimar el recurso del interno contra la negativa del juez central de Vigilancia Penitenciaria a que saliera de la cárcel. La decisión, a la que la Fiscalía de la Audiencia Nacional también se había opuesto, será notificada en breve.
La Sala, por unanimidad, ha tenido en cuenta que concurren para la concesión del permiso factores positivos de rehabilitación en cuanto a su conducta delictiva. Así, precisa que ha rechazado violencia, ha sido expulsado de ETA y ha reconocido el daño causado. Urrusolo ya ha disfrutado de otros dos permisos, en este caso extraordinarios, sin que se hayan producido incidencias, dice el auto.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún tiene pendiente decidir sobre otro permisos penitenciarios ordinarios para un pres etarra arrepentido que se encuentran en situación similar a la de Valentín Lasarte al que ya se le han concedido un total de nueve días fuera de la cárcel. Se trata del también histórico etarra y ahora disidente de la banda Rafael Caride Simón, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
119 años de cárcel
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al miembro del grupo Madrid de ETA Joseba Urrusolo Sistiaga a 119 años de cárcel por la muerte en 1991 de tres policías a consecuencia de la explosión de un paquete bomba que iba destinado al Ministerio de Justicia y que finalmente estalló en una empresa de mensajería, cuando era desactivado por miembros de los TEDAX.
En concreto, el tribunal -compuesto por los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Angeles Barreiro y Clara Bayarri- concenó a Urrusolo a 28 años de prisión por un delito de atentado con finalidad terrorista -que incluye uno de los asesinatos-, 28 años por cada uno de los otros dos delitos de asesinato terrorista, 24 años de cárcel por un delito de asesinato frustrado -relativo al funcionario de Justicia al que iba dirigido el paquete- y 11 años de reclusión mayor por el delito de estragos con finalidad terrorista.