La Fiscalía Anticorrupción y la acusación ejercida por la Asociación Demócrata de Abogados de Europa (ADADE) han solicitado este jueves a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, continúe en prisión de forma incondicional al existir riesgo de fuga y peligro de ocultación o manipulación de pruebas.
En la vista celebrada a puerta cerrada, que se ha prolongado durante dos horas, la defensa de Bárcenas, ejercida por el letrado Javier Gómez de Liaño, ha solicitado la libertad bajo fianza para el exsenador, según informaron fuentes jurídicas. Liaño ha explicado a la Sala, compuesta por los magistrados Ángela Murillo (presidenta), Juan Francisco Martel y Carmen Paloma González, que si Bárcenas quisiera fugarse ha tenido más de cuatro años para hacerlo.
Por su parte, ADADE ha propuesto, de forma subsidiaria a la prisión incondicional, la imposición a Bárcenas de fianza y su vigilancia, a través de pulsera telemática, en el caso de que abandonara la cárcel.
Por otro lado, la defensa de Luis Bárcenas ha pedido este jueves al instructor del caso Gurtel, el juez Pablo Ruz, que requiera a Álvaro Durán –responsable de la asesoría jurídica el Partido Popular- dos ordenadores portátiles que tenía el extesorero en su despacho de Génova 13. Dichos ordenadores contendría material importante para la investigación llevada a cabo en la pieza separada sobre la presunta contabilidad B de esta formación política. El pasado día 15 de julio Bárcenas ya aportó la juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional numerosa documentación con estas supuestas cuentas opacas en el PP.
Además, el director del Instituto de Medicina Legal de la Audiencia Nacional y otro especialista médico han presentado al magistrado Pablo Ruz el informe médico realizado al extesorero, Álvaro Lapuerta, de 86 años de edad, donde se asegura que éste no reúne "las condiciones óptimas necesarias para realizar una declaración judicial compleja" ante el instructor.
Los forenses se han desplazado a su domicilio particular para examinarle, han explicado fuentes jurídicas, antes de determinar si Lapuerta podía volver a comparecer ante Ruz. Tras recibir el informe, el magistrado ha renunciado a citarle a declarar como imputado y ha acordado en una providencia que debe procederse a un nuevo reconocimiento médico del extesorero a partir del próximo 1 de septiembre. El objetivo es valorar entonces "la existencia o no de mejora clínica" del octogenario Álvaro Lapuerta.