En una conversación telefónica este lunes, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han acordado el envío de una misión comunitaria para analizar la situación en la frontera de Gibraltar "lo antes posible", según anunció el Ejecutivo comunitario.
Ambos líderes "acordaron que una misión de la Comisión debe, tan pronto como sea posible, examinar in situ las cuestiones relacionadas con el control y el movimiento de personas y bienes en la frontera", informó la CE en un breve comunicado.
Durante la conversación telefónica -en línea con la que mantuvo el pasado viernes con el primer ministro británico, David Cameron-, Barroso también trasladó a Rajoy "su esperanza de que España y el Reino Unido tratarán estos asuntos de una manera que se ajuste a su pertenencia común a la UE".
Control sobre el blanqueo
En su conversación con Barroso, el jefe del Gobierno español ha expuesto que España ejerce sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera. También ha indicado que es inaceptable el lanzamiento de bloques de hormigón por parte de las autoridades gibraltareñas.
Asimismo, ha recordado que el Gobierno español ya trasladó su denuncia cuando se produjo el lanzamiento ante la Secretaría General de la Comisión Europea por violación de la normativa medioambiental europea y que ahora espera que la Comisión responda a esa denuncia.
El presidente del Gobierno también ha expresado la necesidad de verificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad.
La fecha de la visita de la misión comunitaria está aún por fijar, aunque la Comisión barajaba inicialmente llevarla a cabo en septiembre.
Bruselas decidió plantear esa visita de expertos a raíz de las quejas recibidas de parte de ciudadanos y eurodiputados por los controles en la frontera entre España y Gibraltar, informa Efe. La Comisión había subrayado en las últimas semanas que España tenía la potestad de vigilar sus fronteras, pero que los controles debían ser proporcionados. España siempre ha defendido la legalidad de los mismos.
La polémica de la tasa
El portavoz comunitario Olivier Bailly, aseguró esta mañana que cualquier tasa impuesta en la frontera entre Gibraltar y España sería a priori ilegal bajo la legislación comunitaria.
"Puedo confirmar que cualquier tasa o pago impuesto en la frontera de un Estado miembro sería ilegal bajo la legislación de la Unión Europea", señaló en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo.
Posteriormente, fuentes comunitarias puntualizaron que si bien un país no puede cobrar una tasa por la entrada a otro Estado miembro, sí cabría la posibilidad de establecer el cobro de un peaje por el uso de las carreteras que dan acceso a la frontera.
Según ha avanzado en varias entrevistas el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, la idea del Gobierno iría en esa línea, pues no se atendería al hecho de que se trate de un paso fronterizo, sino a la "ocupación de una vía pública congestionada".