Parece que hay luz al final del túnel. El Consejo de Ministros aprobará este mes de septiembre el Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo, según avanzó este jueves la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, algo que se hará dos años después de que el mandato para su redacción saliese del Congreso de los Diputados y año y medio después de la fecha máxima establecida para su aprobación por ese mismo mandato.
En un escrito remitido al Defensor del Pueblo, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que dirige Sonia Ramos, asegura que "el proyecto de Reglamento ha sido dictaminado por el Consejo de Estado y se está dando cumplimiento a los últimos trámites previos" para que sea aprobado por el Ejecutivo a lo largo del mes de septiembre.
La Institución que dirige Soledad Becerril mantiene una queja abierta sobre este asunto, a instancias del Colectivo de Víctimas del País Vasco (Covite), por el importante retraso que lleva el Gobierno en la aprobación del texto. Esta norma delimitará con precisión las reparaciones, indemnizaciones y ayudas que podrán tener las víctimas, así como su ámbito, los titulares y cuantía de las indemnizaciones, la reparación de los daños materiales, las ayudas para asistencia sanitaria y psicológica y las acciones del Estado para honrar a las víctimas de atentados.
Las últimas noticias sobre la aprobación del mismo databan de hace nueve meses, en noviembre de 2012, cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, había señalado durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, tras una pregunta del senador de UPN Pedro Eza Goyeneche, que el reglamento estaría listo en "muy pocas semanas". Pocos días antes, este mismo departamento había hecho público un borrador del Reglamento para que las asociaciones y colectivos de víctimas pudieran presentar sugerencias y propuestas de modificación.
Otras quejas de la Defensora en esta materia
Ésta no es la única queja que la oficina del Defensor del Pueblo tiene abierto en relación con el terrorismo en España. De hecho, también hizo llegar al departamento de Fernández Díaz y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, su preocupación por los más de 300 asesinatos de la organización terrorista ETA que aún no se han resuelto.
Sobre este asunto, la Defensora del Pueblo informó que ambos ministerios la han informado que están trabajando activamente con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de estos atentados que aún siguen pendientes de ser juzgados y que, además, están ultimando un protocolo que facilitará una estrecha colaboración entre el Ministerio del Interior y la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia y con sede física en la Audiencia Nacional.
Por último, el Defensor del Pueblo mantiene también abierta una actuación de oficio ante el Ministerio de Justicia, al que ha requerido que aporte información sobre la próxima aprobación de la Ley del Estatuto de la Víctima de Delitos.