A pesar del intento de la nueva presidenta andaluza, Susana Díaz que ha laminado de su nuevo gobierno a todo consejero que oliera a ERE, pero la trama es tan profunda y tan antigua que no es posible para la nueva presidenta rodearse de gente limpia. En la documentación que obra en el sumario del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que instruye la juez Alaya se puede constatar que la Junta concedió en 2003 al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) una ayuda de 24.000 euros para la promoción de la Feria de Muestra y Turismo "Séptimo Centenario" con cargo a la partida 31L, el denominado "fondos de reptiles". Dinero que se pagó. El alcalde de Chiclana por aquel entonces se llamaba Manuel Jiménez Barrios, el actual consejero de Presidencia en el nuevo gobierno de Susana Díaz y está encargado de las relaciones con el socio de gobierno, Izquierda Unida..
El documento que sigue, aportado por La Razón, demuestra cómo el dinero de las subvenciones de los ERE tenía una finalidad política, esto es, acrecentar el voto hacia el PSOE en las zonas consideradas de máximo interés, como era la provincia de Cádiz y, en concreto, la zona de alto rendimiento turístico como era Chiclana. Jiménez Barrios, fue alcalde de dicho municipio gaditano entre 1994 y 2004.
El documento que sigue, aportado por La Razón, demuestra cómo el dinero de las subvenciones de los ERE tenía una finalidad política, esto es, acrecentar el voto hacia el PSOE en las zonas consideradas de máximo interés, como era la provincia de Cádiz y, en concreto, la zona de alto rendimiento turístico como era Chiclana. Jiménez Barrios, fue alcalde de dicho municipio gaditano entre 1994 y 2004.
Esta misiva de petición de fondos estaba dirigida al entonces delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, el imputado por Alaya, Agustín Barberá.
El 17 de febrero de ese año la petición de Jiménez Barrios fue remitida al que fue viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, también imputado y encarcelado en el curso de la investigación de la trama de los ERE fraudulentos.
Según La Razón, Barberá, en un texto que encabeza "Estimado Antonio", explica a Fernández que considera de "sumo interés" la participación del Ejecutivo regional en la muestra, además de concretar que "la ayuda podría rondar entre 18.000 y 24.000 euros". Y añade: "Que me comentaste podría ser a través de la Dirección General de Trabajo".
En el sumario que instruye Mercedes Alaya, consta cómo la petición de ayuda siguió su curso hasta recalar en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en la que había otro imputado al frente: Francisco Javier Guerrero.
De hecho, el ex consejero imputado, Antonio Fernández, envió el 25 de febrero a Guerrero, al que llamaba "Querido Javier" el oficio de la Delegación Provincial de la Consejería en Cádiz para que "en base al convenio suscrito con el IFA –Instituto de Fomento de Andalucía, ahora agencia IDEA–, se le apruebe la subvención que solicita al igual que en otros casos similares". Esto es, hubo muchos más casos.