La Fiscalía Anticorrupción ha decidido finalmente recurrir el auto en el que la juez Mercedes Alaya plantea la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros autonómicos en la causa en la que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público, una vez estudiado el auto que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla dictó el pasado martes, lo ha recurrido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial al entender que la resolución "no está suficientemente fundamentada".
Por este motivo, solicita a la juez Mercedes Alaya que la motive "mejor" a fin de "no generar indefensión" a las personas aludidas en el auto, como son Griñán, Chaves y los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, todos ellos aforados.
Las mismas fuentes consultadas han indicado que, en el recurso, la Fiscalía Anticorrupción no plantea a la instructora que eleve ya el caso al Tribunal Supremo, al estar todos los aludidos aforados, sino únicamente que lo motive "mejor" para "no crear indefensión" a los mismos.
Recurso ante la Audiencia Provincial
El Ministerio Público ha recurrido el auto directamente ante la Audiencia Provincial, por lo que será resuelto por la Sección Séptima, la misma que, en un auto dictado el pasado mes de agosto, instó a la juez a "apurar y depurar la instrucción" para "completar la investigación", advirtiendo incluso de que Alaya podía tomar declaración a un aforado en el caso de que éste se prestara voluntariamente a ello.
En el auto, que fue conocido coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, la magistrada decidió dar traslado de las actuaciones y de los próximos señalamientos de declaraciones a Griñán, Chaves y los cinco exconsejeros a fin de que puedan personarse en la causa "si ese fuera su interés".
La juez señaló en su auto que "resulta conveniente" abordar "la cuestión del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan, respecto de las que determinadas actuaciones procesales contendrían cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros".
Por todo ello, la juez comunica la existencia del procedimiento "a las personas aforadas afectadas o relacionadas por ahora" con el mismo, "en la que medida en que pudieran resultar inculpadas por el tribunal superior si en la presente instrucción se objetivasen indicios de cierta consistencia o solidez en apoyo de la implicación de los mismos y otorgarles así expresamente la facultad de asumir la condición de parte, dándoles traslado de las actuaciones, posibilitándoles la participación en las diligencias que se practiquen y la petición de todas aquellas que consideren convenientes para sus intereses, inclusive las que hayan tenido lugar y guarden relación con ellos".
Alaya subraya que la situación en la que quedarían en el proceso los aforados "sería equivalente al de un denunciado o querellado sobre el que el juez no ha realizado aún ningún pronunciamiento judicial en el margen de apreciación que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional reconocen al juez de instrucción".