Aunque se ha anunciado a bombo y platillo que era el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla el que se iba a hacer cargo de las diligencias sobre el comportamiento, presuntamente ilegal, de UGT-A en el uso del dinero de subvenciones para la formación de parados, la realidad es que el asunto se ha paralizado ante la negativa del juez titular de dicho juzgado, Juan Jesús García Vélez, a asumir las ampliaciones de la denuncia formuladas por el sindicato Manos Limpias.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ni siquiera ha comenzado la incoación de diligencias previas contra el sindicato UGT de Andalucía (UGT-A) sobre un supuesto desvío de fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas para la huelga general de 2010.
Aunque se informó de que el juez Juan Jesús García Vélez –el mismo que instruyó el accidente mortal por el que fue condenado a dos años y medio de cárcel el ex torero José Ortega Cano– había decidido la apertura de las diligencias por los delitos de fraude, malversación de fondos públicos y falsedad documental, así como presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública, lo cierto es que, hasta el momento, sólo se ha solicitado la ratificación de Manos Limpias en la denuncia inicial.
Manos Limpias interpuso una denuncia contra el sindicato por el presunto desvío de subvenciones de la Junta de Andalucía y la elaboración de facturas falsas para justificar los gastos. En concreto, la denuncia se refiere al supuesto desvío de fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas para la huelga general del 29 de septiembre de 2010, así como para el mantenimiento de los ascensores, aire acondicionado y limpieza de sus sedes.
Pero el juez García Vélez, según fuentes judiciales, devolvió al Decano de los Jueces de Sevilla las ampliaciones de la denuncia de Manos Limpias. Estas ampliaciones hacían referencia a la denuncia contra los dos últimos máximos dirigentes de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por cargar a la Junta y a fondos para mujeres discriminadas los gastos de una asamblea de delegados y la recepción en su caseta de la Feria.
En la última ampliación de la denuncia Manos Limpias solicitó que se investigase que UGT cargó a la Junta una comida de 1.600 mujeres, "falseando la factura", precisando que "el convite por el Día de la Mujer Trabajadora se facturó como 'reuniones de los órganos de participación", siendo “el coste de 21.600 euros”. Al hilo de ello, el sindicato pone de manifiesto que “al responsable del restaurante Casa Herminio se le pide por parte de UGT que no figure en la factura mención alguna al Día de la Mujer Trabajadora”.
El Decano tiene que decidir
El juez decano de Sevilla tiene en su mesa la papeleta de tener que decidir qué hace con este caso, puesto que el juez García Vélez, al que correspondió el caso por sorteo, como es habitual, se ha negado a asumir las ampliaciones de la denuncia de Manos Limpias. Tendrá que decidirse si se articula un único sumario por razones de economía y conectividad o si se trocea el caso en juzgados diferentes, lo que sería algo insólito.
Un juzgado con filtradores
En el caso concreto del que hablamos, Pereira estaba imputado por ocultación de restos arqueológicos y apropiación de algunos de ellos. La sorpresa saltó cuando el PSOE recibió tres días antes que la acusación particular el auto judicial por el que se archivaba provisionalmente el caso dando paso a una intensa campaña del PSOE contra los acusadores, Independientes de Gerena e Izquierda Unida. Igualmente, algunos periódicos recibieron el auto tres días antes que las partes.
Por si fuera poca la anomalía, los procuradores de las partes acusadoras se encontraron con que un documento, un informe exhaustivo del fiscal encargado del caso, no se había presentado en ninguna de las sesiones de este procedimiento y, sin embargo, había sido decisivo para el archivo provisional del caso por parte del juez. Dicho informe no fue conocido por las partes en su momento y tampoco les fue entregado al mismo tiempo que el auto.
El desconocimiento del informe del fiscal y la ausencia de argumentación por parte del juez que no explicaba por qué dicho informe era decisivo para el archivo, dejó en situación de clara indefensión a las partes acusadoras.
El auto que recogía la decisión judicial final fue firmado por el juez, Juan Jesús García Vélez, magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, el viernes, día 6 de noviembre de 2009. El día 9 fue remitido al Servicio de Notificaciones y Embargos que es un servicio que se encarga de notificar las resoluciones a las partes personadas.