El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió el proyecto de renovación de la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova en el año 2008, al considerar que podría haber cobrado en negro el 30 por ciento del coste de la obra, que fue recogido en tres apuntes de los denominados 'papeles de Bárcenas'.
De hecho, el extesorero, Luis Bárcenas, aseguró durante su última declaración judicial le pagó al arquitecto parte del dinero de dichas obras en B y que, por esta razón, en la contabilidad opaca había estados contables correspondientes a "Gonz. Urquijo", "Gonzalo (Arquitecto)" o "G.U" por valor de 888.000 euros.
En un auto hecho público este lunes, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 imputa a Urquijo como responsable de la mercantil Unifica Servicios Integrales S.L por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. La sede de esta empresa ubicada en la calle Conde de Peñalver de Madrid y fue registrada el pasado viernes y sábado por orden del instructor.
Ruz, que acordó esta medida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después de analizar un informe de los peritos de Hacienda, acuerda la imputación "con vista a clarificar la existencia o no de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".
Registro de la empresa
En la resolución, el juez da validez a un "relevante" informe pericial emitido el pasado 25 de septiembre por la Agencia Tributaria de donde se derivan "indicios de una falta de concordancia o descuadre entre la facturación y documentación soporte d ellos servicios ejecutados por la referida mercantil para el Partido Popular respecto a las obras de remodelación de su sede central" lo que podría constituir una actividad "presuntamente delictiva y grave".
Además, Pablo Ruz recuerda que fue la propia Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la que habló de una "posible existencia de una contabilidad B del Partido Popular que pudiera haber generado un fluido de ingresos no declarados, lo que incidiariamente podría haber acarreado la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas, incluidas las entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial".
Por esta razón, el juez justifica una medida tan excepcional como la entrada y registro en la sede de la mercantil Unifica S.L con el fin de "aprehender cualquier documento, útil o efecto relacionado con los hechos investigados". Ruz explica que con el registro -al que califica de 'medida reestrictiva'- se pretendía incautar "elementos incidiarios y documentación que permitan corroborar los extremos denunciados en la presente investigación de imposible o muy difícil obtención de otra forma".