-Enrique Rodríguez Contreras, alto funcionario de la Diputación de Sevilla donde dirigía el Servicio de Empleo. Su detención parece relacionada con las subvenciones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla desde su anterior cargo de gerente de Instituto de Fomento de Andalucía. Hay que recordar que desde ese organismo se dieron más de 9 millones de euros a las empresas de José María Sayago, igualmente afectado hoy por esta operación y ya imputado en el caso de los ERE, y José Enrique Rosendo, exconcejal e hijo del exalcalde socialista de El Pedroso, Rafaael Rosendo, que fue incluido en un ERE de forma irregular. Exhibiendo diferentes varas de medir, el PSOE de Sevilla, uno de cuyo altos cargos es el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, lo ha destituido esta mañana de manera fulminante.
-José María Sayago, exconcejal socialista del Ayuntamiento de El Pedroso y amigo y socio de José Enrique Rosendo. Ambos pasaron a desempeñar puestos directivos en la sociedad municipal de promoción del pueblo. En julio de 1999, siendo regidor de El Pedroso su padre, Rafael Rosendo, y por decreto, Rosendo hijo fue nombrado consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso SL. Como consejero de la misma empresa el regidor nombró a su edil de Desarrollo Económico y Turismo, José María Sayago Lozano. Desde ese momento inician una exitosa carrera empresarial privada que o se justifica con patrimonio familiar privado o con créditos privados o, como parece, con fondos públicos.
Bajo el mandato de José Antonio Viera al frente de la Consejería de Empleo, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) repartió 9,1 millones de euros más en subvenciones a varias empresas privadas vinculadas al ya exsecretario de la agrupación local del PSOE en el municipio sevillano de El Pedroso, José Enrique Rosendo y a Sayago, quienes contratataron a Sonia Viera, hija del exconsejero y ex secretario general de los socialistas sevillanos.
Hasta quince subvenciones se aprobaron bajo el mandato de Viera al frente de la Consejería de Empleo (2000/2004), si bien éstas se canalizaron a través del órgano instrumental de la Junta que dependía de su departamento, por lo que no las firmaba él sino el entonces director del IFA y su director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE fraudulentos. A esto se añaden 900.000 euros con que benefició Empleo a otra sociedad, Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, donde estuvo contratada la hija del ex consejero Sonia Viera Rodríguez.
En la mayoría de las sociedades beneficiarias ambos exconcejales socialistas de El Pedroso actuaban como administradores y compartían el accionariado con otros empresarios. Sayago compró, años después, parte de las sociedades y se labró su propio camino como empresario, sin vinculación alguna con el partido. De hecho, en la actualidad mantiene un contencioso con la Junta precisamente por el impago de 600.000 euros correspondientes a otra subvención.
-Antonio Manuel Bustamante León, uno de los propietarios de la empresa Surcolor afectada por un ERE lleno de intrusos e irregularidades. Según Juan Francisco Algarín, sobreentregador y testaferro de los ERE, algo muy gordo se trenzaba en aquella empresa porque, en confesión grabada a Libertad Digital, dijo que todas las facturas que presentaba eran falsas y que él era uno de los que las había "fabricado". Precisamente su declaración ante la juez Alaya sirvió para descubrir el nivel de implicación del delegado de la Consejería de Empleo, el socialista Antonio Rivas en la trama.
-Ángel Quesada, detenido al término del registro llevado a cabo en el hotel Don Pedro, es además vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) en la zona de Torremolinos.
-Salvador Mera, secretario provincial de UGT en Cádiz (al cual UGT asistirá jurídicamente), participaba como administrador en Temiquis, SL, una de las empresas vinculadas a UGT donde se recibía el dinero de las comisiones de los ERE. Además, junto con Roberto Carmona, pidió 360.000 euros a la intermediaria Uniter de la Faja Pirítica de Huelva para "aliviar" los gastos sindicales de las manifestaciones, concentraciones,etc...
-Roberto Carmona, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, pidió dinero de los ERE a Uniter con Mera. Téngase en cuenta que los propios sindicatos UGT y CCOO acaban de denunciar la sustracción de 600.000 euros apuntando al consultor José González Mata de Uniter y al abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís, ambos imputados, como posibles responsables del fraude, según se expone en la denuncia que investiga la juez Mercedes Alaya tras haber recalado en otros juzgados que se inhibieron en favor de la magistrada.
-Juan Antonio Florido, es dirigente de CCOO, de su Federación de Industria, Textil y Piel, y fue acusado por la policía de haberse beneficiado de cuatro pólizas de seguro a través de la consultora Vitalia. Durante años negoció numerosos ERE con el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. En el informe policial se detallaban cobros por parte de Florido de más de 259.000 euros. Desde su puesto sindical, junto con su secretario general de la Federación, impidió la investigación de los ERE pedida por sus afiliados de Málaga.
-Francisco Casado, un histórico del sindicalismo cordobés, fue de 1987 a 2001 secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba. En 2004 optó sin éxito al puesto de secretario provincial de Comisiones. Su nombre ya había aparecido en la investigación relacionado con el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.
El nombre de Francisco Casado, ya había aparecido en la investigación en un informe, que formó parte de las diligencias de la juez Mercedes Alaya que estuvieron bajo secreto hasta el 30 de mayo. El trabajo de la Benemérita era para ahondar en el destino de las "sobrecomisiones" de las que se alimentó la trama. Uno de los métodos para generar ingresos fraudulentos, seguía la Guardia Civil, "habría sido elaborar facturación falsa" empleando sociedades fantasma del chófer Juan Francisco Trujillo para "simular prestaciones de servicios". Además, la red utilizaba la emisión de facturas falsas como una vía para blanquear dinero. Pues bien, el chófer de Guerrero, Trujillo, aseguró que, "siguiendo las instrucciones" del entonces director general de Trabajo, elaboró "facturación falsa" a, entre otras firmas, la constructora cordobesa Licassan (creada en 2005) por importe de 78.000 euros. Su administrador único es Francisco Casado.
-José Manuel Casado, hermano de Francisco.