Magdalena Álvarez, que no quiso hacer caso a la estrategia de la ley del silencio de los altos cargos de la Junta, declaró este martes ante la juez Alaya y en su declaración deslizó algunas afirmaciones que tendrán consecuencias para otros e incluso para ella misma. En cada una de ellas, contradice a otros imputados e incluso a la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz y siembra más dudas aún sobre la gestión de los ERE.
Según Magdalena Álvarez, todo el procedimiento presupuestario se realizó dentro de las formas y maneras democráticas por cuanto el parlamento estaba enterado de todo. La juez Alaya le preguntó ayer si cada parlamentario podía conocer el detalle, la finalidad y el destino del fondo de reptiles o partida 31 L y ella contestó que cada parlamentario lo conocía con exactitud porque cada uno de ellos es un experto en presupuestos.
Sin embargo, en las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento andaluz presentada por IU y que vetó precisamente el PSOE se decía: " La pretensión de que la información que sobre el Programa 31.L - escasa, confusa y errónea - permitía al Parlamento conocer lo que estaba pasando es insostenible. Difícilmente puede argumentarse que el Parlamento conocía lo que pasaba y que por tanto lo estaba legitimando aunque fuera de manera pasiva. Es evidente que el Parlamento no podía saber nada".
Las "transferencias de financiación"
El mecanismo denunciado por la Intervención y situado en el centro del caso de los ERE en su vertiente política es el uso de las "transferencias de financiación" al ente público que se sea. Estas transferencias sólo pueden realizarse para los gastos propios del ente o para equilibrar sus cuentas de ingresos y gastos, pero nunca pueden ser usadas para aplicar subvenciones finalistas como era el caso. Este es el criterio del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez e incluso el criterio de todos los directores generales de Presupuestos, principalmente Antonio Lozano, número 2 de Susana Díaz en la Consejería de Presidencia.
Las preguntas claves de la juez a Lozano fueron: "¿Es cierto que... las transferencias de financiación que tienen como destinatarias las empresas publicas como IFA/IDEA, son créditos destinados a efectuar pagos para la financiación de operaciones genéricas, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores?". El imputado Lozano respondió que sí era cierto.
Y la remataba de este modo: "¿Es cierto de acuerdo con lo anterior que las transferencias de financiación no pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones?". Y contestó Lozano que "es cierto que no pueden". Ayer, Magdalena Álvarez dijo lo contrario, que las transferencias de financiación podían destinarse a pagar subvenciones si se tramitaban adecuadamente. Ante la precisión de la juez de que no se podían tramitar, añadió: "Tenía entendido lo contrario".
Ella no sabía nada
Contradice de este modo al ex Interventor General y a otros imputados que se remontan a 1999 y a 2003, cuando ya era consejera la señora Álvarez que fue nombrada en 1994 y permaneció en el cargo hasta 2004. El ex interventor describió, al menos, tres hitos que avalarían ese supuesto conocimiento por parte de los Consejos de Gobierno de Griñán y Chaves de las deficiencias del sistema que la Intervención denunció en 15 ocasiones. Primero se refirió a que existe un acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2003 en el que se ordenaba a la Intervención de la Junta que analizase los expedientes de las transferencias de financiación, el sistema implantado para la concesión de las ayudas, porque existía un desfase presupuestario llamativo.
Segundo, la Intervención informó en 2005 de que existía un desfase de 93 millones y eso afectaba al presupuesto general de la Junta, por lo que a juicio del mismo todas las irregularidades eran de notorio conocimiento del Gobierno andaluz.
La incógnita de los 125 millones
El tercero, que queda acreditado el conocimiento por parte de todo el Consejo de Gobierno de la Junta con el hecho de que el Consejo aprobó el sistema de transferencias de financiación que se plasma en el convenio marco firmado en junio de 2001, porque en este órgano aprobaron dicho modelo.
Magdalena Álvarez admitió este martes que durante su etapa como consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía amplió el presupuesto del "fondo de reptiles" con 125 millones de euros mediante la tramitación de 12 modificaciones presupuestarias. Pero a continuación dijo ante la juez que lo hizo sin saber para qué, lo cual es muy notable. Estamos hablando de una cantidad importante de dinero y en el año 2003, siendo ella consejera, se ordenó a la Intervención de la Junta que analizase estos desfases presupuestarios que se producían. Luego debía saber para qué se hacían las modificaciones presupuestarias.
Según Magdalena Álvarez, la función de una consejera de Hacienda era meramente "supervisar" que los expedientes incluyeran "todos los informes preceptivos que dice la norma".