La juez Mercedes Alaya ha archivado la causa abierta contra los siete empresarios imputados en la causa donde se investigan las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los tres delitos que se les imputaban.
En un auto dictado el pasado 8 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla declara extinguida, por tanto, la responsabilidad penal contra los siete empresarios, a los que tomó declaración el pasado mes de junio y a los que imputó los presuntos delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales.
Entre los siete empresarios imputados se encontraban Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.
Asimismo, fueron imputados Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; a Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar -empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007-, y a Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
La juez archiva la causa respecto de estos empresarios en un auto en el que arremete duramente contra la Fiscalía de Sevilla, pues recuerda que fue ella quien solicitó la declaración como imputados de los empresarios referidos, representantes legales de una serie de entidades que concurrieron al concurso público de los suelos de Mercasevilla "con la presunta aviesa intención, junto a ésta y Sanma, de fijar artificialmente un precio favorable a ésta última a fin de que se adjudicara el referido concurso".
"Error" de la Fiscalía
Al hilo, la instructora recuerda igualmente que fue el Ministerio Público el que, a instancias de uno de los imputados, solicitó que se declarara extinguida la responsabilidad criminal de los empresarios por prescripción de los delitos de maquinación y fraude y execciones legales, mientras que respecto al delito de prevaricación "no sería predicable el tipo de la prevaricación por extraneus, que comparte esta instructora".
En este punto, Alaya asevera que "ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal", ya que tales delitos "estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones", un "error" que "seguramente" está "justificado" por la asistencia del fiscal "a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias".
Así, y en primer lugar, la juez critica que dicho "error" por parte del Ministerio Público ha provocado "cierto retraso en la tramitación" de las actuaciones, "pues el escrito del Ministerio Fiscal fue de abril del presente año", y en segundo término ha originado "un esfuerzo inútil", pues "hubo que tomarles declaración" al considerar que "el fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta en el precedente escrito".
Además, "ha provocado un incidente que no es de agrado en una instrucción de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente", a lo que hay que sumar, asimismo, "las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática".
No archiva para Mellet
De otro lado, la juez rechaza la petición de archivo planteada por el abogado del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, todo ello "habida cuenta la presunta existencia del delito de prevaricación, entre otros, al tener Mellet condición de funcionario público a efectos penales, pues Mercasevilla es una entidad municipalizada, argumentos que se expusieron en extenso en el procedimiento del jurado del que derivó la presente causa".
Y es que, conviene recordarlo, Mellet fue condenado a 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 600.000 euros por un delito de cohecho tras solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, hechos que se encuentran pendientes de la resolución por parte del Tribunal Supremo.
En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.