Tres agentes de la Policía Nacional han tenido que escoltar este miércoles, a su llegada a los juzgados, a la juez Mercedes Alaya, después de los incidentes ocurridos la pasada semana, cuando varias decenas de sindicalistas se concentraron frente al edificio judicial para insultar y acosar a la juez por investigar a miembros de CCOO y UGT implicados en el caso de los ERE.
La escolta fue solicitada por el juez decano, Francisco Guerrero, después de que fuese increpada y abucheada el jueves pasado, cuando tomaba declaración a sindicalistas imputados.
El juez decano ha informado a Efe de que él mismo solicitó verbalmente al Cuerpo Nacional de Policía la protección adecuada para Alaya, aunque aún no ha recibido notificación oficial de que se haya asignado.
No obstante, los periodistas que esperaban este miércoles la llegada de los imputados para declarar sobre los ERE observaron que Mercedes Alaya acudía al edificio del Prado de San Sebastián de Sevilla acompañada por varios agentes de paisano.
La petición, ha matizado Guerrero, no respondía al abucheo que sufrió Alaya a su llegada al juzgado el pasado jueves sino a que la magistrada "no tiene por qué adoptar medidas de protección por sí misma, como acudir en taxi a trabajar". Según Guerrero, la juez lleva asuntos "muy mediáticos y es lógico y adecuado que tenga protección".
Fianzas para los sindicalistas
Por otro lado, este miércoles ha trascendido que la juez instructora impuso una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al de CCOO Roberto Carmona, en sendos autos en los que decretaba la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos, lo que incrementaba el riesgo de incidentes en las puertas del juzgado.
Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 265.015 euros, más el tercio legal previsto, para el ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, a quien la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su comparecencia, Juan Antonio Florido se ha limitado a ratificar la declaración que, como imputado, prestó la pasada semana ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación Heracles.
Ante la juez han comparecido también este miércoles dos "intrusas" en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa, como son María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira, a las que la juez ha imputado los mismos delitos que al exdirigente de CCOO-A.