Sin rastro de una más que posible orden política en el chivatazo a ETA. La sentencia de la Audiencia Nacional que condena este miércoles a los policías Enrique Pamiés y José María Ballesteros como responsables de un soplo al dueño del bar Faisán de Irún para evitar una operación policial contra la estructura de recaudación de ETA no hace mención alguna a si hubo o no una orden política de por medio.
De hecho, apunta directamente al por entonces máximo responsable de la Policía Nacional en el País Vasco, Enrique Pamiés, como la persona que decidió, por iniciativa propia, evitar una operación policial en la que también iba a ser detenido el ya fallecido, y por entonces miembro de la Ejecutiva del PNV, Gorka Aguirre. Un arresto que se hubiera producido horas antes de que Josu Jon Imaz -en aquel momento máximo dirigente peneuvista- diese su apoyo en el Palacio de La Moncloa a la negociación política entre el Gobierno de Zapatero y la banda terrorista.
"Con el designio de no entorpecer la situación abierta de diálogo, para acabar con la actividad de ETA, a estos efectos, desarrolló una actuación tendente a tal fin, buscando a una persona que no perteneciera a la plantilla del CNP de San Sebastián para ponerle en contacto con Elosúa Urbieta (…) y, por su mediación, le permitiera avisar a Elosúa Urbieta de que Cau Aldanur no acudiera a España, para evitar la detención de ambos", dice la sentencia.
"El elegido fue el también acusado José María Ballesteros (…) cuyas funciones no estaban en la investigación del terrorismo de ETA, sino Jihadista (…) informado de los propósitos del acusado Enrique Pamiés, aceptó llevar a cabo la función que se le encomendó, dejando de asistir a un curso en Santander", continúa la redacción de los hechos probados.
En la explicación de la investigación policial que se llevó a cabo para descubrir a los autores de la delación, los tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal recuerdan que se priorizó en 63 llamadas del tráfico de 1.932 llamadas telefónicas que se realizaron utilizando antenas de telefonía móvil de la zona en el día y hora de los hechos y, de ellas, destaca las que intercambiaron los dos condenados: Enrique Pamiés y José María Ballesteros.
En ningún caso hace mención a la investigación que hubo, y de la que los investigadores policiales dieron detalles durante el juicio, sobre las llamadas que el día antes del chivatazo y las horas posteriores salieron y entraron desde el teléfono móvil de Pamiés, y en las que se puso en permanente contacto con el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, -actualmente secretario de organización del PSOE de Álava-, que estuvo imputado en la causa durante la gran mayoría de la instrucción.
En esta línea, mucho menos hace alusión a que durante los momentos anteriores y posteriores a ese soplo a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán, el propio García Hidalgo cruzó llamadas con el por entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior: Antonio Camacho. Estas 17 llamadas que sacudieron la cúpula de Interior quedaron reflejadas en un informe policial durante la fase de instrucción.