La etarra Inés del Río Prada fue miembro de uno de los grupos más sanguinarios de la sangrienta historia de ETA. Formó parte del grupo Madrid junto a terroristas como José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño, José Manuel Soares Gamboa o Belén González Peñalba durante los años ochenta.
Condenada a más de 3.000 años de cárcel, por atentados como el de la madrileña plaza de República Dominicana contra un convoy de la Guardia Civil en 1986, en el que fallecieron 14 agentes, las redenciones por estudios y trabajo marcaban su fecha de excarcelación para 2008, aunque la justicia la retrasó aplicándole la doctrina Parot hasta 2017.
Fue entonces cuando la etarra presentó su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyos abogados fueron pagados por el ilegalizado brazo político de ETA. De hecho, hace sólo unos meses, el actual presidente de Sortu, Asier Arraiz, reconoció públicamente que el nuevo partido estaba pagando los abogados de la etarra durante el recurso.
Inés del Río presentó el recurso en pleno proceso de negociación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA y poco después de que el Ejecutivo español hubiese designado al ex secretario de Estado de Justicia (2004-2007), Luis López Guerra, como juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El Ejecutivo Zapatero llevaba varios años negociando con los terroristas de ETA en Oslo, la capital de Noruega, y a cambio de que la banda dejase su actividad asesina los enviados del Gobierno prometieron varios cosas a los negociadores de la capucha. La primera de ellas fue la desaparición de la Ley de Partidos, algo que consiguieron colando a las franquicias electorales de ETA y permitiéndoles recuperar las alcaldías de sus bastiones en el País Vasco y Navarra.
La segunda de esas promesas fue un cambio en la política penitenciaria. Suavizar la situación en la cárceles de los presos de ETA, permitiendo poco a poco la salida de algunos de los más enfermos a la calle. Aprovechando esa situación, José Ignacio de Juana Chaos consiguió su libertad. También se prometió a la dirección de ETA que anularía la Doctrina Parot.
López Guerra, a favor del recurso de Inés del Río
El exsecretario de Estado y juez español en el TEDH, que antes de ser elegido para este puesto se había mostrado favorable a la derogación de la doctrina Parot, fue uno de los encargados de valorar el recurso de la sanguinaria terrorista y, como no podía ser de otro modo, votó junto al resto de jueces a favor del recurso interpuesto por Del Río.
Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hicieron pública su sentencia a favor de la derogación de la doctrina Parot en julio de 2012. Durante el juicio, los enviados del Gobierno no defendieron en ningún momento la doctrina judicial que había sido avalada por el Tribunal Supremo español en 2006.
Las víctimas sospechan que, durante las deliberaciones, López Guerra transmitió al resto de jueces del tribunal europeo que el Gobierno Zapatero era favorable de una sentencia a favor de la derogación de la doctrina porque su intención era derogarla, y viniendo la sentencia desde Estrasburgo no tendría coste político para La Moncloa.
Tras hacerse pública la sentencia, ya con el PSOE fuera del Gobierno, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pisó el acelerador para intentar defender la doctrina en un recurso que fue admitido por el TEDH. Para ello mandó un equipo de especialistas jurídicos hasta Estrasburgo, al que también acompañaron representantes de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo.
Pese a esto, el Gobierno español contaba con una sentencia inicial en contra y, como hace un año y medio, con la presencia en el tribunal de un juez español como López Guerra contraria a la doctrina Parot. Como era de esperar, en la sentencia de este lunes volvió a figurar el voto del juez español como favorable a los intereses de la etarra Inés del Río.