La juez de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez Gil, ha archivado la querella por injurias y calumnias que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, el expresidente Jordi Pujol y consejero Felip Puig presentaron contra dos redactores del diario El Mundo por las informaciones en las que se les vinculaba a cuentas secretas en Suiza para el cobro de comisiones de la trama del Palau de la Música.
En el auto de sobreseimiento de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreizieta "actuaron de manera razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos y de los datos contenidos en el documento en el que basaron su información".
Añade que los informadores "guardaron la diligencia exigida a un profesional, no siendo otro su ánimo que el de informar sobre hechos "noticiables" y de indudable interés general tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo".
Por ello, concluye que la actuación de los redactores de El Mundo "queda enmarcada y justificada de forma plena por el ejercicio de su derecho a la libertad de información" y decreta el sobreseimiento libre y subsiguiente archivo del procedimiento.
Las querellas tienen como fundamento el contenido de los artículos publicados los días 16, 17 y 19 de noviembre de 2012 con los títulos "La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CIU", "Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía" y "Mandos de los Mossos destruyeron pruebas y han ocultado otras al juez". El auto señala que los periodistas hicieron un "uso legítimo de su derecho al secreto profesional al negarse a facilitar cualquier dato que sirviera para identificar a sus fuentes de información".
Convicción de que era fiable
La citada fuente era, principalmente, un documento que les fue entregado en mano por un funcionario perteneciente a la Unidad Económica y Fiscal. Los periodistas declararon ante la juez que ellos publicaron el contenido de este "informe/borrador interno" con la absoluta convicción de que era fiable tanto en lo relativo a su existencia como en lo que tenía que ver con su contenido.
La existencia real de dicho informe fue uno de los puntos más cuestionados de los querellantes, si bien la juez zanja la polémica señalando que las pruebas practicadas no bastan para poner en tela de juicio este documento.
Así, hace suyo un informe policial que señala que "es práctica habitual" de las unidades policiales la elaboración de "escritos y borradores donde se vuelcan los datos que de múltiples formas llegan a conocimiento de los integrantes de estos grupos policiales, si bien es cierto que sólo terminan finalmente judicializados si los jefes respectivos validan la realidad de dichas informaciones y las consideran consistentes".