El secretario provincial de UGT, Salvador Mera, ha comunicado ya a la dirección regional del sindicato y a su propia ejecutiva en Cádiz la decisión de abandonar el cargo en los próximos días tras ser imputado por el caso de los ERE. Según La Voz Digital, la decisión se anunciará esta misma semana. El líder de UGT de Cádiz ha confesado a sus más íntimos que se trata de una decisión muy madurada tras su detención el pasado 9 de octubre en Cádiz por orden de la juez Alaya ante su presunta relación con el cobro de comisiones en la regulación de empleo, que tuvo lugar en 2003 en la cuenca minera de Huelva.
Aunque quedó en libertad con cargos tras su declaración ante la jueza dos días después de su detención fue acusado de malversación y falsedad documental imponiéndosele una fianza civil de 251.000 euros. La juez Alaya le retiró el pasaporte y tiene la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado.
Los datos de la investigación aportan que aunque Salvador Mera no se ha enriquecido con la tramitación de los expedientes, sí incurrió en un delito al solicitar de las empresas mediadoras de estos ERE, las aseguradoras Uniter y Vitalia, el pago de 188.000 euros en concepto de gastos sindicales y asesoramiento. Este dinero fue a parar a la dirección regional de UGT para una supuesta financiación irregular del sindicato. Esta mediación la llevó a cabo Salvador Mera en el expediente de la denominada Faja Pirítica de Huelva tuvo lugar cuando era responsable de la Federación de Industrias Afines de UGT en Andalucía.
Salvador Mera llegó a la dirección de UGT de Cádiz en noviembre de 2010 tras la dimisión del anterior secretario provincial, Pedro Custodio, que abandonó el cargo por supuestas irregularidades contables. Mera representó entonces la candidatura oficial del sindicato frente a la renovadora que abanderó Francisco Sánchez. En 2012 se enfrentó a la lista alternativa que lideró el exdelphi y miembro de la federación del Metal, Antonio Montoro. Por segunda vez, logró el apoyo mayoritario.
Fuerte polémica
La decisión de Mera ha estado precedida de una fuerte polémica en el seno del sindicato. La división interna era palpable, por un lado, entre quienes se mostraron desde el primer momento a favor de su salida hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva y, de otro, entre los partidarios a que se mantuviera en el cargo.
Cuatro de las federaciones con más peso de la organización se pronunciaron a favor de su dimisión. Se trataba del Metal, Educación, Transportes y Servicios Privados. Los únicos que han mantenido la confianza en Mera ha sido la Federación de Servicios Públicos y la Federación de Industrias Afines. Incluso su propia ejecutiva le había pedido una rápida decisión al conflicto para evitar más conjeturas. Sigue teniendo el apoyo de la Ejecutiva Regional, implicada en falseamiento de facturas, además de en el caso ERE. El secretario regional de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha mostrado en todo momento su respaldo a la gestión de Mera.
La dirección de UGT en Cádiz nombrará un sustituto de consenso sin necesidad de implantar una comisión gestora o convocar un congreso extraordinario.