El pasado 1 de noviembre, día de Todos los Santos, los madrileños se despertaron con una tragedia que conmovió al país entero: tres jóvenes -Katia Esteban Casielles, Cristina Arce de la Fuente y Rocío Oña Pineda – resultaron muertas tras una avalancha en el Madrid Arena, y otras dos – Belén Langdon y María Teresa Alonso – quedaron en ese momento heridas de gravedad y fallecerían días después.
Unas horas antes, sobre las tres de la madrugada de aquél 1 de noviembre de 2012, la estrella de la fiesta en el Madrid Arena, el Dj. Steve Aoki, se subió al escenario ante una pista central en la que no cabía un alfiler. Poco después, supuestamente un responsable de Madridec (la empresa pública que se encargaba de la gestión del pabellón multiusos) dio la orden de que se abriese una puerta de emergencia para que entraran directamente a la pista central cientos de jóvenes, muchos de los cuales llevaban rato haciendo botellón fuera. Un empleado de Seguriber ejecutó esta orden que, según los letrados de la acusación particular, pudo desencadenar la avalancha que causó la muerte de las cinco jóvenes.
Esa decisión pudo ser la gota que colmó un vaso lleno de las posibles dejaciones, irresponsabilidades e incluso ilegalidades, como la venta de más de 16.000 entradas por parte del promotor de la fiesta y dueño de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, según se desprende del recuento judicial de las ocho urnas que se encontraron en el recinto tras la tragedia. Flores, que quedó en libertad tras prestar declaración ante el juez y abonar una fianza de 200.000 euros, echó la culpa al Ayuntamiento y a la Policía Municipal, ya que en su opinión la empresa municipal Madridec fue la encargada de contratar a la empresa de Seguridad (Seguriber), y los agentes no hicieron nada para evitar el botellón que había en la puerta.
El juez Eduardo López-Palop ha imputado por el momento a veinticinco personas pertenecientes a Diviertt -empresa promotora de la fiesta-, Kontrol 34, Seguriber, Madrid Espacios y Congresos, el equipo encargado de la asistencia médica en el evento y la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Los abogados de las víctimas han criticado, tras la mayoría de las comparecencias de los imputados, que todos eluden su responsabilidad y señalan a los otros. El "todos contra todos" que no ha cesado en todo ese tiempo.
En el ámbito político, la tragedia provocó tres remodelaciones en tan solo cien días en el Gobierno de la alcaldesa, Ana Botella, que afectaron a tres de sus siete concejales, todos ellos hombres "fuertes" de la regidora: Pedro Calvo, Miguel Ángel Villanueva y Antonio de Guindos. Ella se mantuvo fuerte en el cargo.
La polémica comisión de investigación que se celebró en el Consistorio tras el suceso, en la que el PP hizo valer en todo momento su mayoría, acordó que la Policía Municipal esté presente de oficio en los espectáculos públicos con más de 5.000 asistentes y que los servicios de emergencia acudan a los eventos que se celebren en instalaciones públicas. Aunque la noche madrileña no ha decaído, la tragedia sí marcó un antes y un después en su seguridad, con más presencia policial e inspecciones más intensas, según reconocen fuentes policiales y los empresarios del ocio nocturno.
Además, la Comunidad de Madrid está trabajando en la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Recreativos, que podría estar lista antes de final de año, y que se ha llevado a cabo a raíz de la presentación de casi medio millar de firmas reunidas por la madre de Cristina Arce, una de las víctimas. La actual ley data de 1997 y sobre ella se introducirán distintos cambios: se endurecerán las sanciones; se inhabilitará administrativamente a los promotores o las empresas que infrinjan la normativa de espectáculos o se producirá el decomiso de los ingresos obtenidos en el evento si la infracción es muy grave.
No obstante, las víctimas no está conformes. Y es que "doce meses= cinco muertes, cero responsables", resumen. Este es el lema con el que algunas de ellas han convocado para esta madrugada una vigilia-homenaje a las puertas del Madrid Arena. Así resumen un año de instrucción de un caso en el que todavía no se ha encarcelado a ningún responsable de la tragedia, que se pudo haber evitado. "Por lo visto, quieren hacernos creer que allí cayó un rayo y que fue un accidentito sin importancia", señaló este jueves Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, en Es la tarde de Dieter.