El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, confía en que este martes el Tribunal Supremo fije "el criterio a seguir en futuras actuaciones" sobre la aplicación de la 'doctrina Parot' en nuestro país.
En una carta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, remitida al presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, Daniel Portero, el fiscal general explica que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "son obligatorias" aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no les otorgue "fuerza anulatoria de la cosa juzgada ni de la ejecutoriedad de la decisión judicial nacional".
Torres Dulce explica que por este motivo el Estado "habrá de proveer los medios para asegurar el cumplimiento de la sentencia". La carta, fechada el 31 de octubre, contempla las diferentes soluciones que se podrían adoptar -determinadas vías de "reexamen"- para adaptar las decisiones judiciales firmes a la doctrina emanada del TEDH.
Esta carta responde a la que previamente envió Dignidad y Justicia a la Fiscalía General del Estado alegando que la liberación de los etarras Inés del Río y Juan Manuel Piriz dictada por la Audiencia Nacional era nula porque este tribunal no es el competente para resolver sobre el asunto.
Tanto una como otra misiva fueron enviadas con anterioridad a que la Sala de lo Penal decretara el pasado viernes la inmediata puesta en libertad de nueve etarras.
En su escrito, la organización afirma que corresponde al Tribunal Constitucional, y no a la Audiencia Nacional, "anular excepcionalmente resoluciones judiciales cuando la violación de un derecho fundamental se haya producido en el orden penal", cosa que a su juicio ocurriría con la doctrina Parot declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este extremo es rechazado por el fiscal general del Estado quien recuerda su confianza en al Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Javier Zaragoza.
El Tribunal Supremo tiene previsto reunirse este miércoles a partir de las 11 horas para fijar los criterios a adoptar tras el fallo de Inés del Río.