El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 frente al litoral gallego ha absuelto a los tres acusados en este proceso, el capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, su compatriota Nikolaos Argyropoulos, y José Luis López Sors, exdirector general de la Marina Mercante. No obstante, condena al capitán a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Además, el tribunal exime de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó el accidente sino que trató de solucionarlo y evitar daños materiales y humanos. El juez avala el alejamiento del Prestige y recuerda que no se sabe qué hubiera pasado si se hubiera tomado otra decisión. El magistrado ha subrayado que no se puede atribuir responsabilidad penal alguna a López Sors porque "nadie puede señalar lo que se debería haber hecho". "No hay acuerdo aún hoy sobre lo que se debería hacer si se repitiese la situación", ha apostillado el presidente del tribunal de la Audiencia de La Coruña, quien ha recalcado que los informes técnicos son "contradictorios". El tribunal ha eximido al Gobierno español de sufragar los daños.
El presidente del tribunal, Juan Luis Pía, ha afirmado hoy durante la lectura de la sentencia que no existe responsabilidad penal y que el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen "nadie puede precisar". Pía ha subrayado durante la lectura de la sentencia la "imposibilidad de atribuir responsabilidades" por el siniestro, aunque sí ha considerado probado un fallo estructural en el petrolero y un "mantenimiento deficiente".
Según el fallo, se realizaron inspecciones y reparaciones, y la entidad ABS certificó la habilidad del buque para navegar con normalidad, pero pese a eso el fallo estructural no tuvo ningún otro origen que las deficiencias de mantenimiento y control de la conservación del buque. Dichas deficiencias, continúa, no respondían a vicios que pudieran observarse directamente, sino que dependían de análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad, eficacia y prudencia.
Así, y dado que "no se demostró que los acusados quisieran hundir el buque, ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas", los tripulantes del 'Prestige' no actuaron dolosamente y su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave.
Es probable que el Estado español tenga que emprender otro proceso judicial para cobrar los daños causados por la catástrofe al no ser condenados los dos marinos máximos responsables del barco, pues ni la aseguradora London P&I Club ni la armadora Mare Shippingson son responsables subsidiarias.
La armadora del barco depositó en el juzgado de Corcubión una fianza de 22 millones de euros, el límite máximo establecido por la legislación entonces.
Y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del 'Prestige' hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.
El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (La Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.