El ambiente político en Cataluña viene determinado por la desconfianza y por la extensión de unas prácticas impropias de la actividad pública. El consejero de Justicia de la Generalidad, Germà Gordó, que ha sido puesto en la picota este martes por La Razón por sus encargos sobre Botella y Vidal-Quadras a la agencia de detectives de Francisco Marco, es uno de los más afectados por lo que ya se conoce en Cataluña como el "síndrome de Método 3". Todo el mundo sospecha de todo el mundo y aunque la agencia ha sido cerrada tras la judicialización de la famosa comida de la Carmarga entre Alicia Sánchez Camacho y una exnovia del primogénito de Jordi Pujol, persiste la certeza de que las escuchas, los seguimientos y la búsqueda de basura digital, íntima y mercantil están a la orden del día en Cataluña.
Gordó, que forma parte del primer círculo de Artur Mas, pasa por ser un hombre de modales refinados, partidario de la línea dura pero abierto al diálogo. Sin embargo, en los últimos tiempos ha ofrecido a sus interlocutores evidentes muestras de nerviosismo, tales como pedir a quienes le visitan en la sede de la consejería que entreguen sus móviles a un ujier al efecto de poder charlar "sin interferencias". Gordó, que según La Razón, habría contratado los servicios de Método 3 para espiar a la alcaldesa de Madrid, al eurodiputado Vidal-Quadras y al presidente de Intereconomía, Julio Ariza, entre otros, pasa por ser también uno de los hombres con más y mejor información en Cataluña, por lo que sus recelos y actitud frente a los móviles ajenos no son tenidos por una simple anécdota.
Varios empresarios y dos destacados miembros de la judicatura han sido "víctimas" de la desconfianza del consejero, quien, según testigos presenciales, "requisa" los móviles como si fuera una práctica elemental, intentando no darle importancia. Sin embargo, algunos de los afectados han mostrado su inquiteud ante la posibilidad de que los móviles hayan sido objeto de manipulación durante su estancia en la consejería.
La sospecha genérica sobre la interceptación de conversaciones vía teléfono móvil o sobre las posibilidades de los smartphones como grabadoras de larga duración cobra fuerza a tenor de los encargos de la policía autonómica a un oscuro organismo de la Generalidad denominado Cesicat (Centro de Seguridad de la Información) y de la experiencia de Manel Bustos, el exalcalde socialista de Sabadell, protagonista del caso Mercurio, un expediente judicial en el que se investiga sobre enchufes, comisiones y otras prácticas corruptas del citado exalcalde. La intervención, por orden judicial, del teléfono móvil de Manel Bustos se ha traducido en un sumario en el que figuran conversaciones en las que el exalcalde se quejaba de las interferencias del teléfono, se mostraba seguro de que sus conversaciones estaban siendo escuchadas por terceras personas, pero aún así daba órdenes de colocar a familiares o amigos.
En este contexto, el cese de actividades de Método 3 no ha contribuido a relajar los "hábitos de seguridad", sino que ha excitado aún más la inquietud de la clase política y empresarial catalana. Los encargos de Gordó no son la única evidencia de que todos los partidos, hasta las CUP de Fernàndez, e incluso los gobiernos autonómicos, el tripartito y el actual, eran clientes vip de la agencia de Francisco Marco. El órdago separatista, los negocios del clan Pujol y otros líderes del nacionalismo, las virtudes públicas y las vidas privadas forman un cóctel en el que florecen los informes como una forma nada sutil de presión, tanto en los negocios privados como en las actividades públicas. El penúltimo escándalo sobre esta materia lo ha protagonizado el Cesicat, que en teoría depende de la consejería de Industria. Dicho Cesicat se dedicó a "monitorizar" conversiones de Twitter de activistas sociales supuestamente por encargo de la policía autonómica.