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Interior ve "apresuradas" las críticas al borrador de la Ley Seguridad Ciudadana

Tanto el PSOE como IU han tildado la iniciativa de "represión ciudadana" impropia de un sistema democrático.

LD/ Agencias
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Antidisturbios de la Policía durante una concentración. | Archivo

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha tildado de "apresuradas" las críticas tan contundentes vertidas por partidos políticos como el PSOE o Izquierda Unida acerca del borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ya que dicho texto está en fase "muy preliminar". Tanto el PSOE como IU han tildado la iniciativa de "represión ciudadana" impropia de un sistema democrático, en palabras de la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, mientras que la Izquierda Plural ha anunciado ya movilizaciones contra este proyecto para que la ley "nazca muerta".

Preguntado por medios de comunicación sobre las primeras reacciones a la propuesta de Interior y antes de reunirse con asociaciones de vecinos y comerciantes de Madrid, Francisco Martínez ha destacado que "sin siquiera conocer la letra de la ley" y solo con los comentarios que han trascendido sobre el contenido del borrador es "un poco apresurado" hacer críticas "tan contundentes".

"Queda mucho recorrido y mucho debate. Entiendo que se hayan producido opiniones y que son respetables, pero hay que poner de manifiesto que estamos en una fase muy preliminar", ha insistido.

Para el número dos de Interior, la valoración sobre un borrador exige "un mayor conocimiento del texto, sin conjeturas" y, sobre todo, que sea cuando éste pase por varios trámites como su aprobación en Consejo de Ministros -previsiblemente este viernes-, su remisión a los órganos consultivos para que emitan dictamen, volver a la Mesa de Moncloa y finalmente iniciar su debate en las Cortes.

Martínez ha defendido que el anteproyecto pretende asumir una nueva realidad punitiva en España que surge por la reforma del Código Penal, del que se eliminan las infracciones tipificadas como faltas que pasan a ser infracciones administrativas (muy graves, graves y leves) que se recogerán en esta ley.

"Si estamos diciendo que el derecho penal es el último estadio, el hecho de que algunas conductas salgan de esa norma y sean infracciones administrativas a priori no se me ocurre que sea una medida reaccionaria", ha sostenido antes de reiterar que sobre este argumento "no es fácil establecer una crítica".

A juicio del secretario de Estado de Seguridad, la nueva normativa, que derogará la de 1992, la ley Corcuera, polémica por la llamada "patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, establecerá un catálogo "más preciso" y "con más garantías".

"Una ley mejor"

"Será una ley mejor, no para sancionar más sino para sancionar mejor", ha hecho hincapié Martínez quien ha recordado que las cuantías que se establecen según la gravedad de las infracciones es la misma que la que fijaba la vigente norma.

Respecto a las críticas al anteproyecto del Sindicato Unificado de Policía, el mayoritario en el cuerpo, Martínez ha defendido que las organizaciones sindicales hicieron aportaciones al texto que se tuvieron en cuenta, ya que en la elaboración del borrador se ha tenido "muy presente el criterio y la experiencia de la Guardia Civil y la Policía".

Entre otras conductas que serán infracciones administrativas muy graves, que se multarán de 30.001 a 600.000 euros, figuran la grabación y difusión de imágenes de policías cuando atenten contra su derecho al honor o la intimidad y las protestas frente al Congreso o el Senado cuando no se hayan comunicado. Serán graves, con multas entre 1.001 a 30.000 euros, entre otras, insultar o amenazar a un policía o alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación de la persona.

Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial.

Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública.

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