Era el Comité Ejecutivo en el que Mariano Rajoy hacía balance de los dos años más duros de gobierno para avanzar, a renglón seguido, que España ya camina firme hacia la recuperación. Sin titubeos, avanzó que en 2014 "se creará empleo" sostenido, argumentando así su previsión de un millón de contratos antes de que concluya su primer mandato. Pero, a pesar del aniversario, la bancada de presidentes autonómicos quedó prácticamente vacía.
Tanto es así que sólo un presidente autonómico, el cántabro Ignacio Diego, acudió a la llamada del presidente. El resto de líderes con poder se ausentaron. "Se nos avisó con muy poca antelación", trató de justificar Jesús Posada, presidente del Congreso. José Ramón Bauzá (Baleares) estuvo "encerrado" en el despacho preparando el debate sobre la región del martes e Ignacio González (Madrid) un acto sobre la violencia de género ante más de 400 personas.
Deslucido por las ausencias, Rajoy hizo un diagnóstico al uso en materia económica y entró en algunas cuestiones internas -como las elecciones europeas y el candidato andaluz- para pedir calma a los suyos tras el aluvión de informaciones al respecto. "Hay gente que está más informada que yo", llegó a ironizar sobre el relevo de Juan Ignacio Zoido. Según las fuentes consultadas por este diario, todo apunta a que José Luis Sanz será el elegido.
Sus últimas palabras fueron para tratar de disipar, de una vez por todas, las dudas sobre su política antiterrorista: "El Gobierno ni ha dialogado, ni ha negociado, ni ha compadreado con ETA nunca", afirmó con gran solemnidad. Además, mostró su "disgusto" por la sentencia de Estrasburgo y recordó su defensa a la doctrina Parot. Ahora bien, recalcó que "la misma Justicia que hoy ha aplicado la sentencia" es la misma "que en su día condenó a los etarras y otros delincuentes y ordenó su ingreso en prisión".
Rajoy, que no suele incluir en sus discursos la lucha contra ETA, se quiso extender consciente del malestar creciente y con Santiago Abascal, un histórico del PP vasco, anunciando su marcha y criticándole abiertamente. "En un Estado de Derecho, la visión de poderes y el sometimiento a la ley es igual para todos", continuó, aunque esto no signifique acompañar "siempre" a las víctimas. "Un extraordinario cariño y solidaridad que se a tenido siempre por las víctimas y se seguirá teniendo a pesar de lo que digan algunos", precisó, en lo que se puede entender como un claro toque de atención a determinados sectores.
Aguirre pregunta a Rajoy
En el turno de réplica, Esperanza Aguirre -la única que, una vez más, tomó la palabra- le reclamó "una precisión". En concreto, preguntó a Rajoy por qué "no hemos logrado destituir a tiempo" al magistrado español Luis López Guerra, miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anuló la doctrina Parot. El presidente evitó contestar a la líder madrileña -sí que le hizo algún comentario final- y cedió la respuesta al ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón.
El titular de Justicia negó la posibilidad del cese: el mandato de López Guerra es de nueve años y el Gobierno no puede hacer nada para evitarlo, arguyó. "Es inamovible", dijo. Según expuso, el nombramiento fue propuesto por el Ejecutivo socialista pero corresponde al Consejo de Europa. Poco después, el Ejecutivo remitió un documento en el que se explica que "no cabe cese anticipado y menos por el Gobierno del Estado que lo propuso" por lo que "sólo expira el mandato anticipadamente por jubilación o acuerdo de 273 jueces que no del Gobierno".
Aguirre no refutó al ministro, pero el debate se instaló de inmedaito en el órgano, que duró poco más de media hora -uno de los más breves que se recuerda-. Al término del cónclave, algunos integrantes -como Marimar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas- aseguraron que ya conocían este extremo y deslizaron cierto malestar. Otros cargos, en cambio, se preguntaron "por qué Gallardón siempre dice que no se puede hacer nada y asume lo hecho por Zapatero". "¡Son el Gobierno!", se lamentaron. Además, pusieron en valor el malestar de las bases y el portazo de Abascal. Mientras, un portavoz de Génova se limitó a recalcar que el Comité Ejecutivo "sirve, entre otras cosas, para resolver las dudas".