El Congreso de los Diputados aprobó este martes el proyecto de Ley de Seguridad Privada, al que dio luz verde hace más de ocho meses el Consejo de Ministros, que será remitido ahora al Senado con algunas modificaciones con respecto al texto inicial. El texto final fue apoyado en la Comisión de Interior por PP, PNV y CiU, mientras que PSOE, Izquierda Plural y UPyD encabezaron la oposición al texto.
Las críticas socialistas y comunistas se centraron en la redacción del artículo 32 de la Ley, en la que se recogen las funciones de los vigilantes. Entre ellas se contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, "llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión". Entienden que esa alusión a los "registros" abre la puerta a que los ciudadanos puedan ser cacheados.
En ese mismo artículo se otorga a los vigilantes la potestad de "efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades". Esta posibilidad ya estaba recogida en el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril tal y como informó Libertad Digital.
Interior: cualquier ciudadano puede detener
En cuanto a la posibilidad de practicar detenciones por parte de los vigilantes de seguridad, la Ley aprobada dice que "en relación con el objeto de su protección o de su actuación" pueden "detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes". "No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades", añade el artículo.
Fuentes del Ministerio del Interior precisaron que el anteproyecto recoge que los vigilantes de seguridad "sólo pueden detener a quien acaba de cometer un delito, sólo si lo ha cometido en el ámbito de su protección (el lugar protegido) e inmediatamente después tienen que ponerlo a disposición" de las Fuerzas de Seguridad competentes, y "nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos, ni detenciones arbitrarias".
Desde el departamento de Jorge Fernández Díaz argumentaron que si esta facultad no se recogiera en la futura nueva, se podría llegar a la situación de que un vigilante de seguridad que sorprende a quien acaba de cometer un delito, deba permitir que huya, incluso con los instrumentos y efectos del delito, aunque tenga la posibilidad de proceder a su detención. Asimismo, recordaron que "cualquier ciudadano tiene la facultad de detener al que acaba de cometer un delito, como establece el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en redacción inalterada desde 1882".
Respecto a las actuaciones en espacios públicos, las mismas fuentes señalaron que prestar servicios de vigilancia en, entre otros ámbitos, "zonas comerciales peatonales, siempre y cuando exista una autorización previa de las Fuerzas de Seguridad, es algo que ya se viene prestando en zonas comerciales desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal", y que "nunca ha planteado problemas".
Seguridad en las prisiones
Sin prácticamente retoques desde la aprobación del anteproyecto queda una antigua reivindicación de las empresas de seguridad privada, la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, siempre bajo la dirección de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la que el Ministerio del Interior quiere recolocar a los miles de escoltas que han prestado servicio en la lucha contra ETA protegiendo a centenares de cargos públicos, pero que ahora han perdido su trabajo.
El Ministerio del Interior empezó a trabajar en este sentido en marzo de 2012, siendo un tema tratado, incluso, en el Consejo de Personal de la Guardia Civil, tal y como informó Libertad Digital. A finales de marzo, la Dirección General del Instituto Armado informó a sus Unidades de Seguridad Penitenciaria que a partir del pasado 1 de abril estos vigilantes privados ya empezaban a trabajar en 21 centros penitenciarios, en 19 de los cuales el cuerpo responsable de su seguridad es la Guardia Civil y en dos de las cuales lo es el Cuerpo Nacional de Policía.