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La Generalidad prepara un "censo alternativo" para el referéndum

La vicepresidenta de la Generalidad prevé un registro de la población para poder hacer consultas diferentes en el futuro.

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La vicepresidenta de la Generalidad prevé un registro de la población para poder hacer consultas diferentes en el futuro.

La vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, ha asegurado este jueves que el Gobierno catalán ya está trabajando en la elaboración de un censo alternativo al electoral -que depende del Estado- para poder convocar con garantías la consulta soberanista.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha detallado que "aún no se ha empezado a elaborar el censo con nombres y apellidos pero hay un proceso preparado para empezarlo a elaborar".

Ortega ha dicho que hay un equipo de personas que, por encargo de la Generalidad catalana, están trabajando en la elaboración de la consulta, y que también ya se trabaja en mecanismos que hagan posible la participación de los catalanes que viven dentro y fuera de Cataluña.

Este equipo está "formándose de manera muy directa" y que la acompañaron a Ortega en el viaje que meses atrás hizo a Quebec (Canadá) para conocer los mecanismos de participación que allí tienen implementados.

Ahora, se encuentran en Ginebra (Suiza), "viendo de qué manera trabajan allí los referéndums", ha concretado Ortega al día siguiente del acuerdo que CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP han alcanzado sobre la fecha y la pregunta de la consulta.

Registro de catalanes y petición al Gobierno

Ortega ha declarado que la Ley de Consultas, en trámite parlamentario, prevé un registro de la población, para poder hacer consultas en el futuro en diferentes ámbitos territoriales. No obstante, el Gobierno tiene previsto impugnar dicha ley ya que se utilizará para poder traspasar competencias.

A los preparativos para la consulta se suma, además del censo, el registro por parte de CIU, ERC, ICV-EuiA y la Cup en el parlamento catalán de la propuesta que presentarán en el Congreso, en forma de proposición de ley orgánica, que pide que se delegue a la Generalidad la competencia para "autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña".

Esta petición, que en un principio se votará en el Parlamento catalán el próximo 15 de enero, se ha registrado este viernes en la cámara catalana tras el acuerdo sobre la fecha y la pregunta. La propuesta, a la que ha tenido acceso Efe, consta de cuatro puntos, el primero de los cuales señala: "Se delega a la Generalitat de Cataluña la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes y catalanas se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Cataluña, a partir de los términos que se acuerden con el gobierno del Estado que se exponen en los apartados siguientes".

"El referéndum se tiene que convocar y celebrar antes de que finalice el año 2014, sin que coincida con periodos electorales, ni con una fecha de alto contenido simbólico-político", se apunta en un segundo párrafo, aunque estas formaciones ya han pactado convocar la consulta el 9 de noviembre del próximo año.

Asimismo, los partidos proconsulta piden que el Congreso deje claro que "la convocatoria del referéndum la hará el Govern de la Generalitat" y, en un último punto, propondrá que "el procedimiento para realizar el referéndum y sus garantías serán las que determina la legislación reguladora de los procesos refrendarios y electorales y, si corresponde, en el decreto del Govern de la Generalitat que convoque el referéndum".

Los partidos firmantes creen que "esta iniciativa quiere impulsar la aplicación de una vía constitucional y legítima para poder realizar el referéndum que en estos momentos pide la mayoría de ciudadanos de Cataluña".

Mención al Estatut y a la Diada

En la exposición de motivos de la propuesta, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP recuerdan la voluntad de autogobierno del pueblo catalán, cuyo último capítulo fue un nuevo Estatuto de Autonomía que, afirman, "no tuvo éxito a causa de las dificultades puestas desde instituciones estatales y, muy especialmente, a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional, que cerró el paso a la evolución del marco político y jurídico de Cataluña".

"Las manifestaciones masivas del 10 de julio de 2010 y el 11 de septiembre de 2012 fueron una expresión clara de rechazo de Cataluña al menosprecio de las decisiones de sus instituciones y de su ciudadanía y abrió una nueva dimensión de las aspiraciones nacionales", han considerado las formaciones proconsulta.

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