A pesar de que hay quienes insisten en que la consulta anunciada por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, para el 9 de noviembre de 2014 no se llevará a cabo, los preparativos para su celebración son públicos y notorios. Con el anuncio se ha descartado de manera implícita un referéndum de dos días de duración, pero no aún la posibilidad de que se pueda votar por internet. El departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, a cargo de la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, trabaja ya en la preparación de la consulta, pese a que en la propia CiU se extiende y difunde la tesis de que la fecha marcada por Artur Mas acabará siendo la de unas elecciones autonómicas anticipadas de corte plebiscitario.
Sea como fuere, la consejería de Ortega ya ha pedido presupuesto para la compra de urnas y una veintena de funcionarios diseñan un censo en el que se incluirían como votantes los menores de dieciséis años y los inmigrantes. Respecto a las urnas, la Generalidad parece decantarse por la compra de modelos de cartón, cuyo coste es de dos euros frente a los treinta que cuestan las tradicionales, de plástico trasparente, para hacer frente a un despliegue que necesitaría de unas nueve mil urnas. En cuanto al censo, la Generalidad no confía en que el Estado se lo facilite, por lo que se basaría en las tarjetas sanitarias.
47 años del referéndum convocado por Franco
Estos factores, sumados a la doble pregunta y a su formulación, prefiguran una consulta que no se diseña precisamente con el objetivo de facilitar un proceso limpio, fiable y homologable a un referéndum democrático. Más bien recuerda la organización de los dos referéndum celebrados durante el franquismo. En el primero, el 6 de julio de 1947, se votaba la Ley de Sucesión de Jefatura del Estado. El "salvoconducto" electoral eran las cartillas de racionamiento, que se sellaban conforme se había votado. En el segundo, del que se cumplen 47 años (14 de diciembre de 1966), se dirimía la Ley Orgánica del Estado y el régimen se volcó en una vasta campaña a favor del "sí". El voto era obligatorio y también fue un éxito de participación.
La campaña propagandística insistía a los obligados electores que el referéndum era la forma de "decidir el futuro de España". Las proclamas en octavillas y carteles eran contundentes: "Los que son españoles y están con Franco votarán SÍ; los malos españoles, que están al servicio del comunismo y contra España, votarán NO". Además de obligatorio, el referéndum también era una obligación cívica y una muestra de "sana" identidad nacional, todo un precedente en materia de "razones" y "patriotismo", de buenos y malos catalanes y de un doble sí en el caso actual.
"Una ocasión única para que nuestra ciudadanía dé un ejemplo al mundo, una lección a las generaciones venideras que constituya un capítulo político de una riqueza imponente..."
Estas palabras no son de ningún partidario del "derecho a decidir" ni de ningún líder nacionalista, a pesar de las alusiones a la ciudadanía, a la atención internacional y al capítulo histórico. Son de Franco.
La inspiración franquista no sólo invade los mensajes a favor de la consulta. El "frente nacional" separatista no se esfuerza en disimular las groseras deficiencias técnicas de la consulta ni los pucherazos implícitos en la extensión del voto a los mayores de dieciséis años o a los inmigrantes, a los que dota de tarjeta sanitaria al margen de las circunstancias de su estancia en España. Tampoco se tienen en cuenta las campañas de propaganda masiva con ocasión del tricentenario del 11 de Septiembre de 1714, centradas en difundir el odio a España y que convertirán el próximo año en una sucesión interminable de exposiciones, simposios, mítines, jornadas y festejos independentistas.
Pase lo que pase el 9 de noviembre del año que viene, el bombardeo de propaganda institucional es ya inevitable, está presupuestado y ha comenzado con el "congreso de historiadores" del "España contra Cataluña". En paralelo a la escenificación del acuerdo por el referéndum y del "trámite" de solicitar en las Cortes la trasferencia de la competencia para convocar este tipo de consultas, el bloque separatista trabaja en la elaboración de una ley catalana de consultas con la que mantener la presión y dar una pátina de legalidad al voto de los menores y de los inmigrantes, a las votaciones telemáticas y a la utilización de las tarjetas sanitarias como herramienta censal.