El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha dicho hoy que "la ley debe ser un instrumento objetivo, pero no neutral; debe aplicarse con todas las garantías exigibles, pero no con indiferencia. Parte de un juicio de valor y de un compromiso claro con la defensa de los derechos fundamentales".
Aznar ha hecho estas declaraciones en Granada, al clausurar el VIII Seminario Luis Portero de Derechos Humanos ‘Por un final de ETA sin impunidad: la sentencia de Estrasburgo y sus efectos’, organizado por la Fundación Luis Portero García y por la Fundación Víctimas del Terrorismo.
En el acto, cuya conferencia anual ha pronunciado el exmagistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego y en el que también ha participado la presidenta de la Fundación Luis Portero García, María Rosario de la Torre, Aznar ha subrayado que "tratándose de los derechos humanos, toda democracia es y tiene que ser una democracia militante. Y eso también lo dice Estrasburgo". Por ello, ha indicado que lamenta "profundamente que el Tribunal no haya continuado esa línea y contradiga una doctrina consolidada y legítima sobre el cumplimiento de las condenas".
En su opinión, "es preciso oponerse sin sombra de duda a la elaboración y la difusión de las versiones exculpatorias del terrorismo puestas en circulación por el nacionalismo". En este sentido, Aznar ha afirmado que "es un deber de lealtad con las víctimas recordar que no ha habido ninguna conversión moral ni democrática en ese mundo que ha sostenido y se ha beneficiado del terror, sino un acomodo táctico y fraudulento para conseguir volver a la legalidad y sin merecerlo". "Si antes fue el silencio, hoy son nuevas cortinas de humo las que quieren ocultar el rastro del sufrimiento causado por el terror y del daño infligido", ha dicho.
Aznar también se ha pronunciado sobre el desafío catalán y ha afirmado que "debemos estar detrás de las instituciones porque no está en juego un proyecto político partidista sino la integridad de la Nación y su continuidad histórica y democrática". Además, ha añadido que "el Gobierno debe de contar con el apoyo de todos cuando se enfrenta a esta pretensión disgregadora, antidemocrática e inconstitucional. Un apoyo que quiero afirmar con claridad". A su juicio, la Constitución "se enfrenta a una estrategia de destrucción frontal e ilegal", que "no impugna solo las reglas básicas de la organización territorial del Estado, su fundamento en la soberanía nacional y en la ciudadanía", sino que "aspira a destruir una historia vivida en común. Celebra el desgarro y se recrea en el desastre como propuesta de futuro".