El PPC ha decidido finalmente impugnar los Presupuestos de Mas. El partido va a llevar la ley de Presupuestos de la Generalidad y la ley de acompañamiento al Consejo de Garantías Estatutarias por incluir una partida de 5,75 millones de euros para celebrar la consulta soberanista en 2014, lo que retrasará la aprobación de las cuentas al menos un mes.
Así lo ha confirmado el portavoz popular en el Parlamento catalán, Enric Millo, quien ha explicado que dirigirá esta misma tarde a la Mesa de la Cámara catalana dicha solicitud de dictamen, que en todo caso no será vinculante. La impugnación al Consejo de Garantías, ha añadido Millo, también se refiere a varios artículos de la ley de acompañamiento que hacen referencia a competencias para la Generalidad que, a su juicio, no están contempladas en el marco constitucional y estatutario, como en materia tributaria, así como a los 2.300 millones de euros de ingresos previstos que, para el PPC, "no están justificados".
"Estos presupuestos son una trampa, ocultan un engaño flagrante y pretenden dedicar recursos públicos a la financiación de un referéndum de autodeterminación ilegal. El PPC no va a permitir que esto suceda", ha señalado Millo en rueda de prensa.
Un anuncio que se produce horas después de que Francesc Homs afirmara que los Presupuestos son "inmaculados" desde el punto de vista de la adecuación al Estatut y a la Constitución, y que su impugnación tendría consecuencias directas para los ciudadanos. Como ejemplo, Homs señaló que una de las disposiciones de la ley de acompañamiento es que, en casos de familias con situación de vulnerabilidad acreditada por un informe, no se les corte el suministro eléctrico en pleno invierno.
"Que no venga Homs ahora a hacer demagogia barata, de baja estopa, con mala fe, de muy corto vuelo. Es una manipulación barata y barriobajera, una aberración. Que no nos venga con preocupaciones sociales el que ha hecho los presupuestos más antisociales de su historia", ha insistido Millo.
En este sentido, ha instado al Govern a que, una vez el PPC pida el dictamen, impulse un decreto ley de prórroga de los Presupuestos, y aproveche esa misma reunión para "aprobar un decreto ley en el que establezca la medida de la tarifa social eléctrica y cualquier otra que considere de urgencia".
El portavoz ha explicado que la prórroga no perjudicará al cumplimiento del déficit, uno de los reparos que tenían los populares para tomar la decisión: "Desde el punto de vista técnico está absolutamente resuelto, porque el Govern deberá aprobar un decreto ley de prórroga presupuestaria, reduciendo la masa de gastos a lo que es el objetivo de déficit máximo autorizado".
Pero Millo ha sugerido otra "solución", planteando a CiU que los populares podrían reconsiderar solicitar el dictamen si, hoy mismo, "acepta o transacciona nuestra enmienda de supresión del artículo en el que se establecen los cinco millones. Aún está a tiempo -ha dicho-".
El dirigente ha invitado al PSC y Ciutadans a unirse a la iniciativa: "Por sus planteamientos sobre la Ley de Presupuestos han expresado su coincidencia. Sería positivo que cuente con el máximo apoyo posible", ha opinado. Precisamente, minutos antes, el portavoz parlamentario de Ciutadans, Jordi Cañas, había considerado que "recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias es un instrumento legítimo para intentar evitar los abusos de un Govern que ha hecho de la chapuza legislativa una norma".
Cañas ha instado a "los grupos parlamentarios de la oposición a llevar al Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos más antisociales y las medidas fiscales más abusivas de la historia de Cataluña", que destinan "una partida presupuestaria abierta a una consulta ilegal" que podría dedicarse a "garantizar las becas comedor y la Prestación Económica de la Renta Mínima de Inserción".
"Escuchar a Homs diciendo que si se retrasa la ley de medidas fiscales y presupuestos puede significar que las personas que están en riesgo de exclusión social es de un cinismo, de una demagogia y de una mala fe increíble", ha aseverado Cañas.
"Poco recorrido"
Por su parte, fuentes de Hacienda han admitido que Montoro ha mantenido contactos con Alicia Sánchez-Camacho sobre este cuestión, en los que le ha transmitido que haga política, ya que, a su entender, esa iniciativa tiene "poco recorrido".
Así, según las fuentes consultadas, si se sigue adelante con esa propuesta, primero tendría que admitir a trámite esa impugnación el Consejo de Garantías Estatutarias y, como mucho, lo podría paralizar un mes.
Fuentes del Ministerio de Hacienda ya dijeron este lunes que lo único que atañe a este Departamento con respecto a las cuentas catalanas es asegurar que están bien confeccionadas para que la administración autonómica cumpla al final del ejercicio el déficit previsto, que será del 1 por ciento en 2014. Además, aclararon que cualquier otra decisión política sobre este asunto corresponde adoptarla a Sánchez-Camacho.