El registro realizado en la sede de UGT Andalucía por parte de la Guardia Civil ha sido un éxito ya que "se ha realizado muy a tiempo", según confirmaron fuentes de la Benemérita. Tal y como publica este sábado La Razón, el registro, ordenado por la juez Mercedes Alaya para investigar el supuesto desvío de dinero público destinado a los fondos de formación, culminó con éxito debido a que los investigadores consiguieron entrar a los archivos borrados por el sindicato. Los agentes, tras largas horas de trabajo, accedieron al servidor central telemático de UGT-A para realizar un clonado de archivos.
La impresión, a la espera de confirmarse, es que finalmente no consiguió borrarse del todo los archivos, con lo que no se ha eliminado ninguna evidencia importante sobre el uso de dinero destinado a cursos de formación para necesidades propias del sindicato.
El periódico de Planeta destaca la actitud del secretario de Organización, Manuel Ferrer, que entregó a los agentes un voluminoso informe, elaborado por Forest Digital, en donde se justifica el borrado de archivos desde un terminal concreto -la versión que defiende el sindicato-. Los agentes, a pesar del informe, prefirieron seguir investigando.
Las sospechas de los guardias civiles se confirmaron cuando se supo que lo que realmente ha depositado el sindicato en una notaría de Sevilla no ha sido una copia del servidor general, sino simplemente la copia del archivo del contenido de un terminal del PC. Y es que, como destaca La Razón, desde la Guardia Civil, crecen las sospechas sobre la estrategia del sindicato de intentar abrir a toda costa una brecha entre la federación andaluza y el resto de federaciones, para así no afectar al órgano central del sindicato.
Fudepa
Por su parte, el diario El Mundo destaca en su información el registro realizado por la Benemérita a la sede de UGT en Córdoba. La investigación realizada en el antiguo Hospital Militar, ahora activo inmobiliario del sindicato, está enmarcada dentro de la operación Cirene, con el fin de investigar el entramado societario de UGT con el que supuestamente desviaron dinero público de los fondos destinados a la formación de parados.
La investigación se centró esta vez en la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), creada por UGT en 2002. Y es que, como destaca el diario de Pedro J. Ramírez, la juez Alaya tiene en su poder un documento elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil -enmarcada en la investigación de los ERE fraudulentos- en donde se indica a Cándido Méndez, secretario general de UGT, como miembro del patronato de dicha sociedad (Fudepa).
A día de hoy, según confirma el propio sindicato, Cándido Méndez sigue siendo parte del patronato. Además, según informa la propia web de Fudepa, Manuel Pastrana, exsecretario general de UGT-A, figura como presidente de la Fundación. Debido a la ingente cantidad de documentación incautada por la Guardia Civil, el registro, que empezó durante la tarde del jueves, se prolongo hasta las 20:00 de este viernes.