El largo auto del juez Castro con la imputación de la infanta Cristina está lleno de referencias a la pertinencia de citar a declarar a la hija del Rey. Lo hace tras una larguísima instrucción y un primer intento de llamarla a declarar como imputada que fue finalmente tumbado por la Audiencia Provincial. En este segundo intento, que ha contado con el abierto rechazo de la Fiscalía con Eduardo Torres-Dulce a la cabeza, el juez defiende su postura insistiendo de forma constante en que Doña Cristina, por su condición de copropietaria de Aizoon y de esposa de Iñaki Urdangarín, debe dar explicaciones en el juzgado.
El juez se adelanta a las críticas y a los posibles recursos citando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, textualmente, en lo referido a las imputaciones y señalando que es "inadmisible que se pretenda adornar la convocatoria de personaje público, especialmente de aquellos vinculados a las Instituciones Centrales del Estado, de un especial cuidado en el momento de valorar posibles indicios" en su contra.
En un nada velado dardo a su compañero de juzgado, el fiscal Pedro Horrach, apunta que "estaríamos bendiciendo la institucionalización de imputaciones especialmente cuidadosas frente a otras que no lo son, simplemente por la diferente repercusión social de la imputación".
En los fundamentos jurídicos, en los que el juez hace un extenso relato de los gastos familiares pagados con dinero de Aizoon, como fiestas y eventos, José Castro apunta que "todo indica que Doña Cristina debió de participar activamente" en su organización y que "no pudo pasársele por alto" que fueron sufragados por "la entidad mercantil participada por ambos", en alusión a los duques de Palma.
Por ello insiste de nuevo en que doña Cristina debe tener la oportunidad de explicarse, y lo defiende también al apuntar al delito fiscal que presumiblemente habría cometido. El juez justifica la necesidad de interrogarle sobre las cantidades supuestamente defraudadas y lanza un aviso: "Presumir que quien supuestamente se ha lucrado desconocía por completo de lo que se le estaría hablando y que por ello no mercería la pena preguntarle no es de recibo".
En las páginas siguientes, el juez Castro continúa citando "apreciaciones" que deben ser, a su juicio, contrastadas con la infanta en sede judicial. Y culmina su argumentación con un párrafo demoledor: "Este juzgado", afirma, "no cree hacer tambalear los pilares del Estado de Derecho, más bien todo lo contrario, por que se pretenda preguntar por los pormenores" de estos hechos "a quien era partícipe al 50% de Aizoon, esposa del titular del resto del capital social, que tenía el domicilio social en el suyo propio y que además se lucró cuando menos en la mitad del importe defraudado".
La "ingenuidad" de la infanta
En el auto, el juez también da veracidad a lo que declaró el notario de Aizoon al apuntar que se pudo utilizar a doña Cristina como "escudo fiscal". En este contexto, afirma Castro que "de una ingenuidad imperdonable sería que a Doña Cristina de Borbón se lo ocultasen y ni qué decir tiene que, para ese caso, ella no lo adivinase y prestara a ello su tácita conformidad".
Ante estos indicios, el juez vuelve a justificar la citación de la hija del Rey: "Merece que sobre este extremo, en unión de otros muchos, se le demanden explicaciones" a sabiendas "del derecho que le asiste a no darlas o hacerlo a su conveniencia".
Lo repite al referirse otra vez al papel de la infanta en la sociedad, cuando sostiene, contundente, que Doña Cristina se prestó "desde su inicio y durante todo su trayecto, a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales" investigados.
"No debería parecer tan complicado entender, o quizás explicar, que cuando menos, y se ha de insistir hasta el paroxismo que de momento es sólo lo único que se pretende, se ha de brindar a doña Cristina la oportunidad de facilitar explicaciones".
La respuesta directa al fiscal
Hacia el final, el juez Castro responde directamente a las partes sobre su posición sobre la imputación. En términos muy duros, el juez denuncia que las anteriores citaciones de la larga instrucción de Nóos "no dieron lugar a ningún reproche penal" pese a que "ninguna fue más explícita en cuanto a las motivaciones" que las determinaron". Cuando le tocó el turno a la infanta, añade, "todas las garantías que las partes estimaron sobradamente suficientes" se "revelaron escasas para la ocasión". Y lanza un último lamento: con las siguientes imputaciones desaparecieron estas "exigencias garantistas" y "ninguna voz se alzó en protesta por ello".
Se reserva las últimas páginas para el fiscal, que se adelantó a la imputación con un escrito plagado de dardos al juez. Castro se los devuelve tras denunciar "lo fácil que resultan algunas imputaciones y lo poco menos que imposibles que devienen otras". Aprovecha además para descartar la imputación del portavoz de los Técnicos de Hacienda, como sugirió Horrach. Y deja frases como éstas:
"Cuando finalice la instrucción de esta pieza separada y se vuelva a la normalidad procesal quizás pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona a prestar declaración en calidad de imputada, trámite que por millares se viene llevando a cabo cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente nadie se escandalice, se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal".