La juez de los ERE, Mercedes Alaya, cree que el sistema investigado sirvió para repartir "de manera discrecional millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical" y desea saber qué partidos presentaron enmiendas en el Parlamento andaluz para aumentar esos fondos.
En la imputación realizada a Lourdes Medina, ex secretaria general de la Consejería de Empleo que este miércoles declaró ante Alaya, la juez le acusó de haber participado en un sistema "que perduró una década" y que fue "absolutamente discrecional, repartiéndose millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical" y a "personas del entorno de la Junta".
Ese sistema, "siendo presuntamente ilegal, degeneró en mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad, creadas para percibir tales ayudas", según el acta de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Efe.
Lourdes Medina y su antecesor en el cargo, Javier Aguado, declararon ayer miércoles como imputados ante Alaya, tras lo cual la Fiscalía Anticorrupción pidió para ellos fianzas de responsabilidad civil de 4,1 y 4,6 millones de euros, por las modificaciones presupuestarias aprobadas bajo su mandato.
Aguado se acogió a su derecho a no declarar pero Medina aseguró que su conocimiento de las ayudas investigadas era idéntico al de muchos otros órganos, departamentos e incluso parlamentarios andaluces, y añadió que no conoció las irregularidades hasta que en 2011 pasó a formar parte del grupo de trabajo creado para investigarlas.
La imputada, a preguntas de su abogado, afirmó que en el año 2009 hubo 2.425 enmiendas al articulado de los Presupuestos y un total de 2.014 enmiendas en el año 2010, lo que "evidencia el conocimiento que el Parlamento tiene del proyecto de Presupuestos que se presenta cada año".
Medina manifestó que el Parlamento andaluz hizo en ocasiones enmiendas concretas destinadas a la partida 31L investigada, como ocurrió en los Presupuestos del año 2002 cuando se acordó trasladar 5,4 millones de euros de la partida 470, de Relaciones Laborales, a la 440 de Transferencia de Financiación a la agencia IDEA.
La juez se interesó por el grupo parlamentario que propuso dicha enmienda, lo que la imputada dijo desconocer. Según Alaya, la "financiación sin control, rápida y eficaz, presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía".
La juez imputó a Medina no haber actuado pese a haber conocido en 2009 un informe sobre las subvenciones a empresas sin actividad de Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y las otorgadas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla que se constituyeron solo para percibir ayudas.
Además, le acusó de una presunta "activa participación" para idear la encomienda de gestión que en 2010 solo pretendía "un cambio de denominación para mantener el idéntico sistema" de ayudas.