La Junta de Andalucía ha concedido a UGT otros 3,6 millones de euros de subvención para el Plan Orienta, precisamente uno de los programas bajo sospecha que la propia Administración andaluza lleva meses investigando. La Junta no aplica la Ley de Subvenciones que le permite sancionar a la organización sindical por las irregularidades ya detectadas oficialmente y por las que exige la devolución de 1,8 millones de euros impidiendo la concesión de nuevas subvenciones. Pero no lo hace. Por ello, el PP andaluz acusa a Susana Díaz de estar "compinchada" con UGT y de tener un pacto no escrito con la UGT Andaluza.
De hecho, en el artículo correspondiente de la Ley General de Subvenciones se dice lo que sigue: "Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:
a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos.
b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta ley.
c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las Administraciones públicas."
Estos nuevos 3,6 millones de euros que entran en las arcas de UGT se concedieron en diciembre de 2013. Pero es que en esa fecha, la Consejería andaluza de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo mantenía abiertas tres investigaciones sobre el Plan Orienta correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, al haber detectado irregularidades muy graves y facturas presuntamente falsas.
Como publicó el diario El Mundo y antes, Libertad Digital, UGT cargó al Plan Orienta -que trata de aliviar el paro mediante la orientación y la formación de los parados -, facturas infladas con récords que van desde las 29 a las 217 veces. Pero no es lo único que ha desviado del Plan Orienta. Por ejemplo, cargó gastos propios de funcionamiento a los dineros del Plan Oriente, incluyó las indemnizaciones de sus 159 despedidos en las subvenciones de dicho Plan, usaba las subvenciones del mismo Plan como avales bancarios y cargó los gastos de las elecciones sindicales a dicho programa para parados.
Que la Junta haya concedido la nueva subvención cuando ya había detectado irregularidades supone que la Junta no aplica la Ley de Subvenciones en este caso. Recuérdese que el consejero de Economía,José Sánchez Maldonado, fue delegado de UGT durante su etapa como profesor de la Universidad de Málaga, y sabe perfectamente que se están investigando las facturas infladas cargadas al Plan Orienta, incluidas en los 17 expedientes abiertos por la Junta desde que estalló el escándalo de las facturas falsas, cuyo montante bajo sospecha puede ascender a 7,5 millones de euros.
En vez de destinar los fondos a los contratos de los orientadores, la dirección del sindicato gastó parte de la subvención en pagar el coste derivado de las indemnizaciones a la mayoría de los trabajadores despedidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicó en 2012, dejando en la calle a 159 empleados.
El PP ve un 'pacto no escrito'
La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, acusó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de estar "compinchada" con UGT-A y mantener un "pacto no escrito" con el sindicato "para garantizar que seguirán recibiendo subvenciones" a pesar del fraude detectado en las ayudas concedidas y pese a que la Ley Subvenciones prohíbe conceder más fondos a entidades que estén en proceso de devolución de las mismas.
La diputada popular explicó que, además de la concedida en diciembre, el 14 de noviembre se publicaron las resoluciones provisionales de las subvenciones concedidas en el marco de la convocatoria para proyectos de orientación e inserción laboral, tanto de carácter provincial como regional, esta última destinada a entidades, como UGT, que prestan estos servicios en distintas provincias. Dicha resolución concedía al sindicato 4,3 millones de euros, aunque inicialmente se anunció una subvención de 6,8 millones.
Si bien el 10 de diciembre ya fue publicada la resolución definitiva de la convocatoria de carácter provincial, la de carácter regional, que depende de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo de la Junta, aún no se conoce.
Susana está compinchada con UGT
Para el PP andaluz, se trata de una "demora deliberada", bien porque existen informes contrarios a la concesión de estas ayudas al sindicato al estar en causa de devolución de convocatorias anteriores de otras ayudas; bien porque la Junta está "esperando a que escampe el escándalo" en el que está envuelto el sindicato para después otorgarle el dinero.
La diputada y portavoz del área Teresa Ruiz Sillero insistió en que "entre el gobierno andaluz bipartito, PSOE e IU y UGT hay clara connivencia; es grave y escandaloso que se antepongan los intereses económicos del sindicato a los intereses de los desempleados andaluces"
Además, manifestó que el retraso en la publicación de esta convocatoria del ejercicio 2013 no sólo perjudica a los desempleados que reciben esos servicios, sino a otras entidades, como Cruz Roja o la Federación de Asociaciones de Sordos, que también concurren a la convocatoria pluriprovincial.
"Sinceramente, los andaluces nos sentimos avergonzados que la UE investigue las fondos a UGT y paralice la concesión de nuevos fondos, mientras Díaz se compincha con el fraude para seguir dándole más dinero", subrayó.
Dijo que "la transparencia brilla por su ausencia", ya que el Grupo Popular sigue a la espera de recibir la información solicitada en varias ocasiones sobre los expedientes de revisión, o los informes jurídicos emitidos para la devolución de esa cantidades por UGT, al tiempo que anunció que pedirá explicaciones en el Parlamento por la demora en la publicación de la resolución definitiva de esta convocatoria de subvenciones.