La inspectora de la Agencia Tributaria que investigó al instituto Nóos y a la sociedad Aizoon, copropiedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha descartado este sábado ante el juez José Castro que la hija del Rey cometiera el delito fiscal por el que declarará como imputada el 8 de febrero. Además de esta funcionaria, la responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que también ha prestado testimonio ante el instructor de Nóos, ha asegurado que no ha apreciado indicios de blanqueo de capitales en los gastos con fondos de Aizoon que hizo doña Cristina en la reforma de su vivienda, han informado fuentes jurídicas.
Por su parte, el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha asegurado tras finalizar las declaraciones que "en principio" no prevé ningún cambio respecto a la imputación de la infanta Cristina hasta que comparezca a prestar declaración el próximo 8 de febrero.
Las funcionarias han comparecido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para tratar de rebatir la existencia de indicios por los que el instructor citó a la infanta Cristina como imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La inspectora
La inspectora de la Agencia Tributaria de Cataluña, que ha abierto sobre las 9.30 horas una jornada de declaraciones que se ha prolongado por la tarde, se ha ratificado en el informe provisional que emitió a principios de 2013, en el que se apuntaban indicios de delito fiscal por parte de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, pero no por parte de la infanta Cristina.
Ha detallado que ya desde un principio, cuando inició una inspección en enero de 2011, antes de que comenzara la instrucción del caso Nóos, al entrar en la base de datos de sociedades supo que la infanta Cristina era una de las propietarias al 50% de la empresa Aizoon que estaba investigando y ha asegurado que nunca se sintió presionada al respecto. También ha explicado que en la inspección que abrió sobre Aizoon y Nóos incluyó a Urdangarin y a Torres porque eran quienes figuraban como administradores de ambas empresas. Incluyó también a Ana María Tejeiro, la mujer de Torres, porque los movimientos bancarios que ella realizó, al sacar 148.000 euros en efectivo e ingresarlos unos días después en otra cuenta, fueron los que motivaron el inicio de la inspección de oficio.
A preguntas del juez Castro, la inspectora ha asegurado que nadie le dio directrices para llevar a cabo su trabajo. Ante la insistencia del magistrado, ha explicado que el hecho de que el último informe jurídico derivado de su actuación, el que dio lugar a la denuncia por delito fiscal, esté firmado en Madrid cuando la inspección se había realizado desde Barcelona, se debe a que en ese momento la plaza del funcionario responsable para llevarlo a cabo estaba vacante en Cataluña.
Las tres facturas
Preguntada por tres facturas que suman más de 69.900 euros, por trabajos que supuestamente contrató Aizoon a la empresa Intuit (propiedad de Torres), la inspectora ha señalado que en su informe provisional ella no calificó dichas facturas, pero sí las incluyó junto a centenares más, que podían amparar un reparto de beneficios entre Urdangarin y Torres al 50%.
El juez Castro cuestionó en el auto en el que cita a declarar a la infanta Cristina que la Agencia Tributaria, al calcular la liquidación del impuesto de sociedades de Aizoon, imputara dichas facturas como gasto deducible, cuando anteriormente en otro informe las había calificado de falsas.
En relación con un posible fraude en el impuesto de sociedades de Aizoon, la inspectora ha explicado que no se puede imputar un delito fiscal a una persona jurídica, sino a una persona física. Ha añadido que se debe descartar el delito fiscal en Aizoon.
Los demás declarantes
La inspectora de Policía que investigó los pagos realizados por los duques de Palma para la reforma de su vivienda de Barcelona, ha descartado que la hija menor del Rey blanqueara dinero, obtenido ilegalmente por Nóos, al realizar gastos personales con fondos de Aizoon, según las mismas fuentes.
Además de la inspectora fiscal y la policía, han declarado otros cuatro representantes de empresas que han ratificado que contrataron y pagaron a Urdangarin como asesor en sus consejos de administración.
Después, y durante más de dos horas, han declarado en calidad de peritos dos inspectores de Hacienda que escrutaron, a instancias del juez, la actividad económica de la infanta a través de Aizoon y llegaron a la conclusión de que la duquesa de Palma no cometió delito fiscal.
Por último, poco después de las 19.00 horas, se ha iniciado la prueba pericial del técnico propuesto por Manos Limpias que sostiene que doña Cristina sí defraudó más de 120.000 euros en un año. Los tres representantes de la Agencia Tributaria se han quedado en la sala por si fuera necesario confrontar argumentos.
La defensa
Por su parte, el abogado de la Infanta Cristina, Jesús Silva, ha explicado que con las declaraciones de los peritos, que han tenido lugar durante toda la jornada de este sábado, ha quedado demostrado que "la Infanta no intervenía en esa generación de rentas y que era por completo ajena a las mismas".
Tras salir de esta larga jornada, que ha durado unas nueve horas, el letrado ha asegurado que las declaraciones "han puesto de relieve que las rentas son atribuibles a quien las genera", y "por lo tanto", según ha destacado el abogado a su salida de los juzgados, "estamos satisfechos".
El "mercenario"
Por su parte, el perito que ha declarado a última hora de la tarde a propuesta de Manos Limpias se ha definido ante el juez José Castro como un "mercenario jurídico tributario" y ha afirmado que la hija del Rey no habría defraudado en el impuesto de sociedades, sino que en todo caso sería cooperadora necesaria -figura indispensable para que un delito pueda cometerse- de las irregularidades en que incurrió su marido, Iñaki Urdangarin.