El empresariado catalán cree haber encontrado una vía para la negociación entre el Estado y la Generalidad. Tras la conferencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado viernes en Barcelona en la que anunció modificaciones en el cálculo de las balanzas fiscales, las entidades que agrupan a los principales empresarios de Cataluña han exigido a ambas partes flexibilidad, diálogo y una negociación realista, que por parte del Gobierno consistiría en satisfacer las demandas de una financiación para la comunidad catalana similar al concierto vasco.
Pese a la discreción con la que se llevan a cabo los contactos, muy fluidos, pero de carácter todavía "administrativo", entre algunos consejeros autonómicos y ministros como la titular de Fomento, Ana Pastor, el de Exteriores, García-Margallo, o el mismo Montoro, se está a punto de abrir un nuevo marco de relaciones, según los empresarios. El escenario será la Universidad de Gerona, donde uno de los principales asesores de Montoro, el experto en fiscalidad administrativa, del Centro Superior de Investigaciones Científicos (CSIC) Ángel de la Fuente, presentará este viernes el nuevo modelo de balanzas fiscales, las que ya se denominan "cuentas públicas regionalizadas".
En teoría, Ángel de la Fuente es uno de los economistas que niegan el supuesto desequilibrio fiscal sobre el que el separatismo ha construido el eslogan Espanya ens roba. En la práctica, CiU y los empresarios subrayan las últimas consideraciones del que, dicen, es el principal "gurú" de Montoro. De la Fuente, en una entrevista en El Periódico de Cataluña, afirmó con rotundidad que "Extremadura tiene el 15% más por habitante que Cataluña", un titular que ha despertado la euforia en medios económicos catalanistas.
El nuevo sistema apadrinado por De la Fuente y en el que han colaborado Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia, y Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza, pretende compensar desequilibrios como el reparto de los gastos de Defensa y Exteriores, rebajar la desproporción entre las comunidades forales y el resto y satisfacer las demandas nacionalistas, cifradas por ellos en 16.000 millones de euros, que sería la "deuda fiscal de España" con Cataluña. De la Fuente reconoce un déficit de 11.000 millones, pese a que las cifras de la Generalidad han sido puestas en duda por la totalidad de los economistas ajenos al movimiento catalanista. Josep Borrell y el empresario Joan Llorach, por ejemplo, han afirmado recientemente en un artículo en El País que es errónea la idea un déficit fiscal en Cataluña. Según sus cálculos, tal déficit no llega a los ochocientos millones. Aún así, afirmaban también que "si se cuentan los servicios que benefician a los catalanes, Cataluña tiene un superávit de 4.000 millones".
No es la opinión del asesor de Montoro, que incluye Cataluña en una relación de regiones "perjudicadas" en el actual sistema de financiación autonómica: Valencia, Murcia, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, junto a la catalana, son las comunidades con peores balances, según De la Fuente. En el lado contrario, el experto considera a Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias, que estarían por encima de la media en términos de recursos por habitante.
Pese a que la presentación en la Universidad de Gerona pretende circunscribirse al ámbito académico, empresarios y dirigentes nacionalistas han mostrado su optimismo ante las orientaciones del ministerio de Hacienda y ante la elección de la capital catalana en la que peores resultados obtiene el PP en toda España como marco del que ya denominan "Espíritu de Fonteta", en alusión a los contactos que dirigentes populares y convergentes mantuvieron en la masía del empresario Luis Conde. Se respira un nuevo ambiente, afirman algunos empresarios respecto al proceso catalán, y elogian la promesa de Rajoy de mantener abiertas las vías de financiación de la Generalidad, cuya situación es de quiebra técnica.
La principal conclusión de los dirigentes del PP desplazados el pasado fin de semana a Cataluña es la de que el órdago separatista contiene grandes dosis de estrategia negociadora de cara a una reforma de la financiación catalana, pese a las alertas sobre la fractura social emitidas por el PP catalán. Ha pesado más la opinión de los empresarios, pese a que no han podido añadir a sus exigencias al Gobierno para que se siente a negociar ningún compromiso, ni siquiera en privado, de que Artur Mas vaya a pisar el freno. Sin embargo, sostienen que tanto CiU como el PP aceptan abrir unos contactos "técnicos" para desatascar la situación y llevar el debate a un "terreno administrativo".