El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no cambiará "ni una coma" del modelo educativo pese a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a cinco colegios a fijar en al menos un 25% las horas que deben dar en castellano.
En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, ha dicho que el Gobierno catalán en bloque ha apoyado la estrategia de la consejera Irene Rigau tras saberse el fallo: recurrir la decisión del TSJC, defender el modelo educativo catalán y mantener la aplicación de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). "No moveremos ni una coma", ha indicado Homs, quien ha recordado que nadie ha recurrido el modelo lingüístico de la LEC, y ha reivindicado el éxito que la inmersión ha tenido al garantizar que los alumnos tengan un buen conocimiento de catalán y de castellano, y al preservar la cohesión social.
El consejero ha argumentado que, como no ha sido recurrida, la LEC está vigente y forma parte del ordenamiento jurídico español, por lo que debe aplicarse: "¿Por qué hemos de desacatar la legalidad si tenemos la legalidad a favor?". Ha criticado que "algunos intenten imponer por la puerta de atrás algo que es totalmente minoritario en Cataluña y va en contra de la ley", y ha remarcado el gran consenso político y social que genera en Cataluña la inmersión lingüística.
Sobre el hecho de que el TSJC fije un porcentaje del 25% de castellano en los centros donde hay familias que quieren la educación bilingüe para sus hijos, Homs ha recordado que existe jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional en que se otorga a la Generalidad la responsabilidad de fijar una "proporción razonable" de ambas lenguas. "¿A partir de qué criterio pedagógico determina esos porcentajes?", ha cuestionado, y ha sostenido que debe ser el mundo educativo quien determine cómo deben hacerse las cosas desde la perspectiva pedagógica.
Presentarán este viernes el recurso al TSJC
La Generalidad presentará este viernes el recurso anunciado por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Así lo informó la Consejería este lunes después de la reunión de Rigau con los directores de los cinco centros afectados por las interlocutorias, a la que ha asistido acompañada de la secretaria general de Enseñanza, Maria Jesús Mier; el director general de Centros Públicos, Antoni Llobet; el director general de Centros Concertados y Privados, Miquel Garcia, y miembros de los servicios jurídicos de la Consejería.
En un comunicado, la Generalidad señaló que durante la reunión se expusieron todas las actuaciones llevadas a cabo sobre la aplicación del régimen lingüístico en los centros afectados, y se ha analizado la cronología de los hechos, que se remontan al curso 2006-2007. Asimismo, durante la reunión se acordaron"los términos de la defensa del régimen lingüístico" del sistema educativo de Cataluña.
Los autos, con fecha de 30 de enero, dan respuesta a los recursos de varias familias que exigieron medidas a la Generalidad para garantizar la enseñanza también en castellano para sus hijos, y considera que el gobierno de Artur Mas no las ha cumplido debidamente, según la resolución. Por eso, y esto es una novedad importante, se dirigió esta vez directamente a los centros para instales a cumplir con la medida en el plazo de un mes y dando cuenta al tribunal. Además, se trata de la primera vez que el Alto Tribunal fija una cuota mínima de castellano en las aulas, y la sala ha acordado requerir a las escuelas afectadas para que adapten las "disposiciones pedagógicas oportunas" en el plazo de un mes contando desde dicha notificación y dando cuenta al tribunal.