No se sabe la razón por la que la Junta de Andalucía mantiene paralizada desde hace veinte meses la reclamación de 204.868 euros. UGT-A endosó de forma irregular gastos por este importe a una subvención de 8 millones de euros destinada a formar a desempleados. Los plazos de prescripción han hecho incluso que la Cámara de Cuentas se haga eco del caso.
La demora de la Administración autonómica a la hora de exigir la ayuda ha hecho saltar las alarmas de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que incluso le recuerda que el derecho para "liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación (1/12/2011), según establece el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones".
Recuerda ABC que esta advertencia aparece en un demoledor informe de fiscalización de subvenciones del SAE para la Formación Profesional para el Empleo correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 que la Cámara hizo público el pasado 30 de enero. El órgano fiscalizador alerta del descontrol en la gestión de 798,9 millones de fondos para formación.
La auditoría de la Cámara de Cuentas afirma que en el expediente (98/2009/J/217) de la citada subvención "consta una propuesta de acuerdo de inicio de reintegro de 21 de mayo de 2012 que practica deducciones" por 204.868,10 euros, entre otras razones, "por importes no justificados". Sobre la cifra que irregularmente cargó el sindicato que dirigía Manuel Pastrana a las arcas autonómicas ha discrepancias.
El texto exacto que aparece en el informe la Cámara de Cuentas es el siguiente: "En el expediente 98/2009/J/217 consta una propuesta de acuerdo de inicio de reintegro de 21 de mayo de 2012 que practica deducciones (204.868,10 €), entre otras razones, por importes no justificados. No ha sido posible conciliar el total justificado según dicha propuesta con el que figura en el informe del auditor, que resulta inferior en 19.595,20 €".
Con independencia de lo anterior, la citada propuesta no ha sido aprobada a la fecha de redacción de este informe, no iniciándose por tanto el procedimiento para el reintegro. Se desconocen los motivos de tal dilación, si bien debe tenerse en cuenta que el derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación (1/12/2011), según establece el art.39 LGS.